El juez Pablo Cayssials rechazó el amparo presentado por el senador Luis Juez y su par Humberto Schiavoni. Los opositores no solo pedían la nulidad de la designación de Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura. Sino que reclamaban la designación directa de Juez como titular en el Consejo y a Schiavoni como suplente. 

El fallo del magistrado, conocido anoche, manifestó su rechazo a la "acción de amparo" presentada por los senadores de la coalición opositora.

Juez y Schiavoni habían judicializado las designaciones realizadas por el Senado para el Consejo de la Magistratura. Lo hicieron después de que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, designara a los senadores oficialistas, Martín Doñate y Guillermo Snopek, en representación de la segunda minoría de la cámara alta.

El conflicto en el Consejo de la Magistratura

La disputa por la integración del Consejo de la Magistratura se inició luego de vencido el plazo que había fijado la Corte Suprema de Justicia para que el Congreso sancionara una nueva ley para el órgano que participa de la selección de los jueces.

Como esa nueva ley aún no fue sancionada, la Corte ejecutó su fallo de diciembre pasado en el que se ordenaba que, de modo provisorio, el Consejo de la Magistratura volviera a estar integrado por 20 miembros.

El jueves pasado, la directora de Asuntos Jurídicos de la cámara alta, Graciana Peñafort, había presentado un escrito ante el magistrado para que rechace el amparo de los senadores del PRO.

En ese texto, la abogada señaló que "el planteo judicial que nos ocupa conlleva la intención de que VS (vuestra señoría) proceda a subvertir el sistema de control de constitucionalidad resolviendo una cuestión 'política' inherente exclusivamente al ámbito del Poder Legislativo".

La política no es judiciable

Uno de los planteos que demolió el pedido de Juez, es que el reglamento del Senado -como marcó Peñafort- sólo pone un límite a la constitución de bloques. Y es que sean dos o más senadores los que lo constituyen.

El otro punto clave es que Juez sostiene que las designaciones debían hacerse al momento del vencimiento del plazo establecido por la Corte Suprema, el 15 de abril, pero no hay vínculo de ningún tipo entre esa fecha y una obligación de designar.

De hecho, estaba la posibilidad de que la Cámara de Diputados terminara de sancionar una nueva ley, que ya había sido aprobada por el Senado, con una nueva conformación del Consejo. Y ello llevaba a que hubiera que cambiar todo. 

Igualmente, tanto el fiscal como el juez se inclinaron más por el argumento de que la cuestión no es judiciable. 

“Los poderes políticos deben gozar de una zona propia que esté exenta del control jurisdiccional, la cual es necesaria para que cada poder ejerza la función que le es propia y no sea sustituido por otro poder”, cita Cayssials.