El Gobierno porteño respondió por primera vez este martes tras la suspensión del sistema de reconocimiento facial que la semana pasada quedó envuelto en un escándalo por una nueva denuncia de espionaje ilegal, que entre las víctimas tiene a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, entre otros.

En una conferencia de prensa, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel; el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro; y el ministro de Gobierno, Jorge Macri, negaron las acusaciones y acusaron al juez Roberto Gallardo, que impulsa la investigación, de impulsar un "fallo político".

La información, que surge de una investigación que llevó adelante el juez porteño Roberto Andrés Gallardo a raíz de un amparo del Observatorio del Derecho de Internet Argentino, fue desmentía por los tres funcionarios. Cruzaron al magistrado y consideraron que está actuando de forma política.

En eso consistió la insólita respuesta ante una consulta de la AM750. "El concepto de la acusación es falso, es una mentira intencionada políticamente con la intención de atacar a este espacio político, a este Gobierno, a todos los que circulan por la Ciudad y proteger a los delincuentes", dijo Macri.

"Todas las consultas se hicieron sobre la base del Renaper", agregó. Y comentó que la supuesta denuncia tiene que ver con la verificación de los permisos de circulación durante la pandemia para los trabajadores esenciales.

D'Alessando, por su lado, añadió: "Tan falso es el tema que si es así, estamos ante un delito. ¿Por qué el juez no lo denunció? Él debe estar, entonces, frente al incumplimiento de los deberes del funcionario público".

"No es la primera vez que nos enfrentamos a un ataque a este sistema de Seguridad. El Juez se pone al frente de la política confundiendo situaciones. El reconocimiento facial nos permitió reconocer a los prófugos de la Justicia", había, además, señalado más temprano el funcionario.

"Todas las fuerzas del país hacen consultas de validación de identidad con el Renaper. Sin embargo, atacan la herramienta tocológica de la Policía de la Ciudad. No sabemos por qué. O sí lo sabemos: porque es funcional a una política que ataca de forma directa este sistema integral de seguridad", sostuvo.