Contrario a lo que terminó consumando esta semana cuando asumió a la presidencia del Consejo de la Magistratura, en 2018 Horacio Rosatti manifestó la importancia de que el Congreso tenga el tiempo necesario para debatir una nueva ley para reformar el Consejo y dijo que nunca un juez "puede reemplazar a un legislador" en sus funciones.

"Como hay varios proyectos para reformar el Consejo en el Congreso y como es un órgano plural, a nosotros nos parece importante dar un tiempo para que los poderes representativos puedan dirimir desde la política este tema", le dijo el juez de la Corte Suprema al periodista Carlos Pagni en una entrevista en La Nación +.

"Yo creo en el diálogo entre los poderes. Es muy importante que el juez nunca reemplace al legislador. El legislador es el que tiene que establecer las reglas generales. Los jueces lo que podemos hacer es descalificar una ley si agravia la constitución pero no podemos reemplazar a legisladores diciendo cuál es la ley necesaria para tal o cual caso", agregó el juez que en 2015 fue nombrado por Mauricio Macri, a través de un DNU, como integrante el tribunal supremo.

En la práctica, Rosatti hizo todo lo que dijo que no iba a hacer. Tras ser elegido como presidente del máximo tribunal en una votación en la que ganó gracias a su autovoto, en diciembre del 2021 declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura votada por el Congreso en 2006.

Con esta decisión la Corte le dio un plazo de 120 días al Congreso para aprobar una nueva ley y dispuso que, si vencía el plazo, la composición iba a volver a la que había antes de 2006. Ahora el organismo deberá comenzar a funcionar con una estructura de 20 integrantes, propia de una ley de 1997 que fue derogada, y pese a que no están designados todos los miembros para completarla. 

Fuertes críticas al avance de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura

El avance de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura recibió duros cuestionamientos por parte de funcionarios y legisladores del Frente de Todos.

Uno de los primeros en expresar su repudio fue el ministro de Justicia, Martín Soria, quien advirtió que la Corte Suprema dio un "golpe institucional" con el desembarco de Rosatti al frente del Consejo de la Magistratura, y sostuvo que "no están salvando la República", sino "protegiendo a los saqueadores de la Argentina y sus cómplices".

En el mismo sentido se expresó el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, para quien la situación es "absolutamente anormal e ilegal", porque "no está previsto en la Constitución Nacional que la Corte Suprema emita fallos inconstitucionales" advirtió en declaraciones radiales.

En tanto, la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, definió la acción de Rosatti como "un atropello institucional y un avasallamiento al Poder Legislativo" que "pone en peligro el Estado de Derecho" ya que -reiteró- "la Justicia no debe legislar".