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Guatemala endureció las penas por aborto y prohibió el matrimonio igualitario

En pleno Día Internacional de la Mujer, el Congreso de Guatemala aprobó la "Ley para la Protección de la Vida y la Familia".


El Congreso de Guatemala aprobó este martes 8 de marzo, en pleno Día Internacional de la Mujer, la "Ley para la Protección de la Vida y la Familia", que aumenta las penas de cárcel por aborto. Además, prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la educación sobre diversidad sexual.

La aprobación ocurre después de que el presidente Alejandro Giammattei declaró a Guatemala como "Capital Iberoamericana Provida".

Según la nueva normativa, las nuevas penas para "la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause" es de 10 años. En la ley actual la pena máxima era de tres.

Esta decisión va en sentido contrario a las que están tomando muchos países de la región, entre ellos Colombia y Argentina, que legalizaron la interrupción del embarazo.

Por otro lado, el texto castiga con prisión de hasta 50 años al responsable de un "aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer" y que causen la muerte de esta. La medida quedó lista para ser promulgada por el presidente Giammattei.

"Perder un embarazo es devastador y esta ley, a pesar de que una mujer pueda estar en duelo, le aplica automáticamente la etiqueta de sospechosa. Se está criminalizando y penalizando abortos espontáneos y eso es peligroso", advirtió la congresista Lucrecia Hernández, del partido de centroizquierda Semilla.

Reforma del Código Civil

La ley además reforma el Código Civil para dejar en claro que "se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo" en Guatemala.

Igualmente, "prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencias políticas o programas que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer".

"Se le están violentando derechos humanos a importantes sectores de la población. Esta ley es absolutamente discriminatoria y es una ley que incita al odio", añadió el diputado Walter Félix, del partido izquierdista URNG.

Hernández añadió que la ley provocará el "estigma" y la "intolerancia" hacia las personas diversas y que "a todas luces es inconstitucional".

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