En América Latina, la despenalización del aborto no es un tema más. En estos últimos años se ha visto en la región diferentes posturas: aprobaciones, vetos, prohibiciones, debates y criminalización.
Hay países en donde las mujeres son condenadas a 30 años de prisión por abortar aunque sufran riesgo de muerte o emergencia obstétrica. En cambio, hay otras naciones en donde la interrupción del embarazo es legal y el proceso se acompaña con profesionales de la salud, psicólogos e información.
Veto
Este último no es el caso de Ecuador, en donde el presidente Guillermo Lasso, busca vetar la reciente ley que regula la interrupción del embarazo en caso de violación. “La postura del presidente se va a expresar, como manda la Constitución, a través del veto. Yo respeto la vida desde la concepción”, reiteró el mandatario ecuatoriano, que informará la semana próxima su postura final sobre el tema.
Las organizaciones y colectivos feministas de Ecuador siguen la batalla legal para que entre en vigor en caso de que el mandatario censure la norma aprobada por la Asamblea Nacional.
El proyecto de ley fue aprobado por el Parlamento ecuatoriano el 17 de febrero y permite a todas aquellas mujeres que fueron víctimas de una violación y que quedaron embarazadas, interrumpir su gestación hasta las 12 semanas de manera excepcional hasta las 18 en caso de niñas, adolescentes, mujeres indígenas y del área rural.
La ley obtuvo el respaldo de 75 asambleístas, cinco más de los necesarios para poder sacar adelante el documento.
En Ecuador, el aborto estaba permitido únicamente para aquellas mujeres cuya vida estaba en riesgo o para aquellas que, teniendo una discapacidad, fueron violadas. No obstante, de la mano de la Corte Constitucional, esto se despenalizó el año pasado para cualquier mujer que fuera violada.
Situación en la región
Colombia se sumó recientemente a la lista de países latinoamericanos donde el aborto está despenalizado en las primeras semanas de gestación, junto con Argentina, Cuba, Uruguay, Guayana, Guayana francesa y Puerto Rico, indica la plataforma Center for Reproductive Rights.
En esta línea, el presidente de Colombia, Iván Duque, no se mostró a favor de esta decisión y expresó el 22 de febrero a través sus redes sociales que la despenalización del aborto "no se puede convertir en un mecanismo anticonceptivo", luego que la Corte Constitucional aprobara el 21 de febrero despenalizar totalmente el aborto durante las primeras 24 semanas de gestación.
Este martes, el grupo paramilitar Águilas Negras, vinculado al narcotráfico, envió a la Corte Constitucional de Colombia un panfleto firmado con el que amenazan a los cinco magistrados que votaron a favor de despenalizar el aborto.
Legal en casos excepcionales
En Costa Rica, Chile, Guatemala, Paraguay, Perú, Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia, Colombia y Panamá, la interrupción del embarazo es legal únicamente si la vida de la gestante corre peligro o por violación en algunos países.
En Perú, entre 2015 y 2018 la Fiscalía contabilizó 961 denuncias por abortos y llevó a un total de 312 mujeres a los tribunales, según una investigación de Ojo Público.
Por su parte, incluyen en sus códigos penales dos excepciones más: inviabilidad fetal y violación.
En Bolivia, el aborto fue la tercera causa de muerte materna en el año 2017, según datos oficiales y es legal interrumpir el embarazo en las primeras ocho semanas si la mujer es estudiante o tiene a su cargo a personas mayores o discapacitadas.
En Chile, la Convención Constitucional tiene a estudio la iniciativa popular "Será Ley", sobre derechos sexuales y reproductivos, que abarca entre ellos el “derecho al aborto”. Con esta medida se busca garantizar la despenalización de la interrupción del embarazo por voluntad de la mujer. La actual legislación chilena permite el aborto bajo tres causales: inviabilidad fetal, violación o riesgo de la vida de madre. Fuera de estos casos, la pena es de hasta cinco años de prisión.
Aborto prohibido
En América Latina son cinco los países que actualmente prohíben el aborto. Este es el caso de El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití.
El Salvador tiene una legislación muy estricta sobre el tema en donde la interrupción del embarazo no se justifica si la vida de la mujer corre peligro o si el embarazo fue producto de una violación.
Asimismo, el país registró más de 19.000 embarazos en niñas y adolescentes, en el año 2019, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) e incluso hay mujeres que enfrentan penas de hasta 30 años de cárcel después de haber sufrido un aborto espontáneo u otra emergencia obstétrica, y son acusadas de delito de homicidio agravado.
Por su parte, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se mostró en contra de esta leya fines del año pasado y expresó: "No se puede aceptar una reforma constitucional que ponga las condiciones para la legalización del aborto. Tampoco (...) que con un lenguaje equívoco, llamándole muerte digna, legalice la eutanasia. Nunca será legal el asesinato", agregó.
El martes 22 de febrero, cuatro mujeres que fueron condenadas a 30 años de prisión por presunto aborto y liberadas recientemente, lucharon por la libertad de al menos 8 salvadoreñas que siguen presas tras sufrir emergencias obstétricas.
La activista Sara García, integrante de esa agrupación, dijo en una entrevista a un medio local que “con leyes tan restrictivas se persigue a las mujeres, se las criminaliza y se impone la maternidad en niñas. En la actualidad estamos viviendo un contexto de retrocesos democráticos en el marco del gobierno de Bukele, que pone en riesgo a las defensoras de derechos humanos y a las personas que denuncian las injusticias del sistema salvadoreño”, expresó.
Por otro lado, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammatei, dijo en diciembre del año pasado que “a partir del 9 de marzo del próximo año, Guatemala será declarada Capital Iberoamericana Provida”.
Esto significa que el Estado “respeta la vida humana desde los primeros segundos en que ha sido formada en el vientre de la mujer hasta que el ser humano transite por las cinco etapas de su existencia”.
Giammattei enfatizó que cualquier daño que se le haga a esa vida, en cualquiera de sus etapas, “es un crimen”. “En este gobierno no solo no lo vamos a permitir, pese a las presiones internacionales, sino que además impulsaremos los programas para que la educación temprana incluya la protección de la niñez en el caso del embarazo temprano”, puntualizó.
