Un mega escándalo de corrupción sacude al Partido Popular de España y apunta directo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la derechista Isabel Díaz Ayuso. El caso, vinculado a un contrato millonario para la compra de barbijos, provocó una fuerte crisis al interior de la alianza, que habría espiado a la dirigente.

Cómo es el escándalo de corrupción que sacude a España

El caso de corrupción, además, tiene un tinte familiar. La historia comenzó en 2020, cuando el gobierno de la Comunidad de Madrid compró de forma directa y por emergencia 250 mil barbijos FFP2 y FFP3 por los que pagó 1,5 millones de euros.

La empresa beneficiada fue Priviet Sportive S.L, una firma que pertenece a un amigo de la infancia de los hermanos Díaz Ayuso, o sea, íntimos de la presidenta de la comunidad madrileña.

Meses atrás, la diputada socialista Carmen López había advertido que Tomás Díaz Ayuso, hermano de Isabel y comercial en el sector sanitario, influía en los contratos que se firmaban para hospitales públicos. Ahora, Ayuso reconoció que su hermano tuvo “relaciones comerciales” con al empresa, aunque intentó aclarar que era “todo legal”.

Los contratos del PP y la corrupción y las internas

El caso desató una feroz interna en el Partido Popular: Isabel Ayuso acusó a la dirección partidaria de acusarla por corrupción y dijo que Pablo Casado, líder del PP, tuvo conocimiento de la investigación contra ella antes y se avanzó en maniobras de espionaje interno para obtener información.

Ahora el PP inició una investigación interna sobre la presunta irregularidad en la compra millonaria de barbijos.

Según dijeron, en octubre de 2021 se informó de la investigación a Ayuso, quien quedó “emplaza a aportar más información para aclarar el asunto”. “No hemos recibido ninguna aclaración”, indicaron.

Corrupción y también espionaje

En el caso que saltó a la luz esta semana también tiene escándalos vinculados al espionaje. Según Ayuso, ella tuvo conocimiento del caso “hace dos meses” del intento de contratar detectives desde la empresa Municipal de Vivienda de Madrid, que para el titular del organismo, José Luis Martínez Almeida, es falso. “No hay ni encargo ni pago”, sostuvo.

Almeida negó que un detective se reuniera con un empleado del ayuntamiento. El PP dijo el miércoles en un comunicado que no se pagó ni investigaron de forma interno los contratos sanitarios.

El caso y la investigación

El escándalo saltó este jueves cuando los diarios El Mundo El Confidencial revelaron que Ayuso estaba siendo investigada por su propio partido en busca de pruebas que la incriminaran.

El asunto salió a la luz debido a que un detective al que se le hizo el encargo lo rechazó porque le requerían que consiguiera información bancaria y fiscal del hermano de la presidenta, lo que suponía incurrir en una acción ilegal. El investigador reveló a Ayuso lo sucedido.

La dirección del Partido Popular negó cualquier implicación en estas pesquisas frustradas y aseguró que sólo se había emprendido una investigación interna, pero horas después de saltar el escándalo, una renuncia en el Ayuntamiento de Madrid dio un indicio irrefutable de que sí hubo un intento de espiar a Ayuso. 

Ángel Carromero, principal operador del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, presentó su dimisión tras ser señalado como la persona que había encargado la investigación.

La respuesta del Partido Socialista

Mientras el PP parece estallar en mil fragmentos por el escándalo de corrupción que sacude a España, desde el Partido Socialista Obrero Español de Madrid presentaron una denuncia ante la Fiscalía anticorrupción para investigar el contrato por la compra de barbijos donde está involucrado el hermano de Ayuso, y apuntaron al presunto tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

Cruces entre Casado y Díaz Ayuso

En tanto, el líder del PP Pablo Casado también salió con los tapones de punta contra Díaz Ayuso, de su propio partido: "La cuestión es si se entiende que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286 mil euros por vender mascarillas".

La respuesta de Díaz Ayuso no se demoró: “Sí sé que esa comisión está, pero no sé de dónde sacan la cifra”.

La dirigente sostuvo que no preguntó por la cantidad e insiste en que sea cual sea no es ilegal que cobre comisiones: “Lo ilegal sería que alguien del Gobierno interviniese. Pero yo no intervine”.

Casado por su parte ha añadido: “Me llegó una información con datos bancarios y fiscales. La llamé para preguntarle. El problema es si después de ese contrato ha habido una transferencia de comisiones a un familiar”.