Página 12 reveló nuevas pruebas sobre la persecución y el hostigamiento que sufrieron jueces y juezas durante el gobierno de Mauricio Macri. La periodista Irina Hauser accedió a la declaración donde el excamarista de Mar del Plata, Jorge Ferro, dio detalles de cómo la gestión de Cambiemos uso datos personales para presionarlo y obligarlo a renunciar a su cargo.
Los hechos sucedieron en el 2018, año en el Ferro estaba afrontando una difícil situación judicial al quedar involucrado en un escándalo que lo vinculaba con maniobras para beneficiar a un imputado en una causa sobre trata, explotación sexual y lavado de dinero en el viejo prostíbulo/whiskería Madaho's. Si bien su panorama era muy complicado, el exjuez contó que en ese entonces dos integrantes del Consejo de la Magistratura lo invitaron a renunciar advirtiéndole que sabían muchas cosas de él.
“Doctor Ferro, a usted le conviene jubilarse y se puede dedicar a sus nietos y a los viajes, que a usted le gusta”, contó el excamarista que le dijo el diputado y Consejero de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli. Su relato fue ante el juez Santiago Martín y la fiscala Laura Mazzaferri, cuando lo indagaron en abril del 2021.
"Mire señor juez, confieso que me asusté. Me asusté no porque tenía nada que ocultar sino porque cabe preguntarme cómo sabía el doctor Tonelli que a mí me gustaba viajar. Si era un tema de conversación que jamás yo había entablado con él y solo la relación era estrictamente por el caso de la denuncia del Ministerio Público", expresó Ferro.
El exjuez contó que él le dijo a Tonelli que no quería renunciar porque quería seguir adelante con los juicios de lesa humanidad que llevaba en Bahía Blanca. Sin embargo, la Mesa Judicial macrista siguió presionando. "A cambiemos no le interesaba que se avanzara con las causas sobre crímenes del terrorismo de Estado y además querían poner un "aliado" en el lugar de Ferro", dijo Hauser en su nota.
Uso de datos privados para perseguir jueces
El uso de datos privados sobre jueces y juezas para hostigarlos, denunciarlos, generarles "carpetazos" o desgastarlos con comentarios públicos, fue confirmado por el fiscal Franco Picardi como un rasgo habitual del gobierno de Macri en la causa donde se investiga la llamada "mesa judicial".
Desde distintos organismos públicos -AFIP, Agencia Federal de Inteligencia, Anses, Ministerio de Seguridad- se accedía a bases de información, como el Registro de Migraciones, que muestra entradas y salidas del país, y otras bases privadas que ofrecen información patrimonial como Nosis.
Esa causa está enfocada en la persecución desde el gobierno contra los jueces Alejo Ramos Padilla, Martinas Forns, Ana María Figueroa, Eduardo Freiler, un grupo de jueces laborales, entre otros, y la exprocuradora Alejandra Gils Carbó.
