Un 59 por ciento de los argentinos cree que los cortes de luz que tuvieron lugar las últimas semanas se deben a que las empresas distribuidoras de energía - Edenor y Edesur, principalmente - no quieren invertir para mejorar el servicio. El dato se desprende de una encuesta telefónica realizada sobre 1.200 personas entre el 10 y el 13 de enero, la semana en que millones de usuarios se vieron afectados por los apagones.

En este contexto, el 62 por ciento consideró que el Gobierno debe aumentar las multas a las empresas. En contraposición, 29 de cada 100 encuestados sostuvieron que el problema de los cortes es que las empresas no tienen el dinero suficiente para mejorar su prestación. Un cuarto, además, argumentó que subir las penalizaciones no mejoraría el servicio.

Sin embargo, pese a que la mayoría responsabiliza a las distribuidoras, casi la mitad de los encuestados cree que el Gobierno es responsable de las fallas en el suministro. Un 46 por ciento considera esta hipótesis frente a un número prácticamente similar que cree que no es de este modo.

Un dato llamativo del relevamiento se desprende de la última pregunta. Frente a los sucesivos cortes de luz - casi el 70 por ciento sufrió al menos uno en los últimos tres meses - el 73 por ciento consideró evaluar los paneles solares como método alternativo de acumular energía.

Marcha frente a las oficinas de Edesur

Este martes el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), junto a agrupaciones, gremios y vecinos autoconvocados, realizaron una manifestación en la puerta de la oficina central de Edesur.

La protesta es después de una semana con récords de usuarios con cortes de luz reiterados y prolongados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La convocatoria será desde las 10 de este martes en las calles San José y Alsina, en el barrio porteño de Monserrat. Y, según detalló un comunicado del ODC, exigirán “el fin de las concesiones a las principales empresas proveedoras del servicio en el AMBA: Edenor Edesur”.

Desde la organización aseguraron que este es “el punto de partida de una serie de acciones para instalar el debate sobre qué tipo de servicio público nos merecemos”.