En su editorial de La Mañana, Víctor Hugo realizó un irónico editorial criticando la privatización del acceso al río impulsada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El editorial de Víctor Hugo

Mientras miro Buenos Aires pienso que lo hicieron una vez más. Otra vez se quedaron con todo, lo hicieron de nuevo. Esta vez los ricos, poderosos, corruptos e impunes le robaron el río a la ciudad.

Impresiona la fe que los tienen los legisladores del oficialismo porteño en que los vecinos de Buenos Aires no vamos a pensar mal de ellos por votar esto.

En otro país no faltarían los mal pensados que saldrían a hablar de corrupción, arreglos y acomodos en la aprobación de la rezonificación de Costa Salguero, el barrio de lujo en Costanera Sur y diez torres más.

Le hacen ganar a un tipo miles de millones.

"Algunos de los legisladores debe estar prendido del negocio", dirían en otro país.

Pero no, acá hay confianza plena en los vecinos de la Ciudad. A lo sumo, decimos que lo que pasa es que detestan el verde, que tienen ideología de progreso o que le gustan los edificios altos, pero corruptos no, eso no se nos ocurre.

Por eso lo hicieron y avanzaron con esto. No podemos menos que alegrarnos de ser como somos.

Ellos por un lado que hicieron un gran negocio y nosotros los vecinos que los votaríamos otra vez. Somos buenos vecinos, esa gente nos provoca mucho orgullo. 

La privatización del rio

La Legislatura porteña aprobó este jueves los proyectos enviados por el gobierno de Horacio Rodriguez Larreta donde solicitaba la habilitación para la construcción en altura sobre espacios verdes en la zona ribereña.

La ley habilita la construcción de torres de lujo de 45 pisos por parte del Grupo IRSA en el predio de la exCiudad Deportiva de Boca. Y alcanza las 32 hectáreas que constituyen al predio público de Costa Salguero y Punta Carrasco.

Los cuatro proyectos fueron aprobados por 36 votos afirmativos, 20 negativos y dos abstenciones. Además, se aprobó el proyecto que modifica 9 convenios urbanísticos propuestos por el Gobierno de la Ciudad mediante acuerdos con empresas privadas del rubro inmobiliario para construir edificios por encima de la altura permitida.

En la puerta de la legislatura diversas organizaciones socio ambientales y vecinos autoconvocados protestaban por la medida adoptada.