El crimen de Lucas González puso en evidencia el accionar de la fuerza de seguridad porteña y puntualmente del rol que cumplen las denominadas “brigadas de investigación y prevención”, tarea a la que se dedicaban los oficiales detenidos por el homicidio del jugador de Barracas.
En teoría, las brigadas de la Policía de la Ciudad deben cumplir dos tareas: actuar bajo orden de la Justicia – jueces y fiscales – en investigaciones concretas, y dedicarse a la prevención del delito.
Justamente bajo el concepto de “prevención del delito” es que cuentan con menores niveles de control: actúan de civil – sin uniforme – y la gran mayoría de las veces no se identifican, tal como pasó con Lucas González, según relataron ante la Justicia los amigos que viajaban en el auto junto al joven.
Todo fuera de la ley
Los tres policías detenidos por el crimen de Lucas González, José Nievas, Fabián López y Gabriel Isassi actuaban en una de las brigadas de la Policía de la Ciudad.
Actuar de civil está permitido por la ley que creó la fuerza porteña, aunque la normativa – la 5.688, del Sistema Integral de Seguridad Pública en CABA – indica que se deben identificar y utilizar uniforme, excepto que por autorización “realice la superioridad o exista orden emanada de autoridad judicial”.
Pero además, la ley es clara: para hacer uso de la fuerza directa es obligatorio que se identifiquen y que antes de actuar den la voz de alto o una advertencia, excepto que eso ponga en peligro a terceras personas o a ellos mismos. El propio ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, admitió que los tres policías violaron la ley.
Tanto el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como el propio D’Alessandro, dieron a entender que el crimen de Lucas y el accionar de los policías era un hecho aislado.
En diálogo con AM750, la legisladora porteña Victoria Montenegro (Frente de Todos) advirtió que existe una asociación ilícita integrada por policías de CABA y funcionarios porteños que opera en la zona sur de la Ciudad para cometer diversos delitos, entre extorsiones y maniobras de encubrimiento. De hecho, hoy Montenegro presentará una denuncia formal.
Días atrás, en diálogo con este medio, la legisladora porteña Claudia Neira sumó que “la policía vulneró todas las normas”, y que “si están en funciones, los oficiales deben llevar puesto el uniforme”.
“Si no tienen uniforme es porque tienen autorización policial o judicial para realizar tareas de investigación, pero no para hacer procedimientos con pibes en la calle”, advirtió.
Las brigadas, en la lupa
Las brigadas son uno de los puntos oscuros de la Policía de la Ciudad. Según publicó El Diario AR, no se sabe cuántos oficiales están dedicados a tareas de prevención del delito, aunque una estimación indicaba alrededor de 2.000 sobre 26.500.
La dificultad es el modo en el que operan cuando no cumplen tareas concretas bajo órdenes de la Justicia, ya que en muchas ocasiones los vecinos denuncian que realizan requisas clandestinas a jóvenes y cobran coimas a comerciantes.
En la jerga policial se utiliza en muchas ocasiones el término “cortar”, para referirse al accionar de la fuerza porteña en estos casos, lo que implica parar a personas que transitan a pie o en auto, generalmente en las entradas de barrios vulnerables, sin ningún tipo de orden de la Justicia, para cobrar coimas.
