Desde que Mariana Romero publicó su relato, se liberó de culpa. "Sentía que por no haberlo contado lo que le pasó a Carolina era culpa mía", contó. "Lo que le pasó a Carolina", su colega, fue un abuso sexual, similar al que ella vivió en la Casa de Gobierno de Tucumán cuando cubrían las respectivas conferencias de prensa de las PASO y las elecciones generales del Frente de Todos, ganador en ambos comicios. El partido utilizó el edificio estatal como búnker y las periodistas señalan la responsabilidad de las autoridades provinciales: "No es casualidad".

Romero fue manoseada mientras escuchaba el discurso del entonces gobernador Juan Manzur durante el acto de victoria tras las elecciones primarias, en las que el oficialismo sacó casi el 50 por ciento de los votos. Se intentó liberar de la mano que la tocaba sin su consentimiento y luego lo comentó a sus compañeros. Dos meses después, en la cobertura de las legislativas, a otra periodista, Carolina Ponce de León, la "encerraron entre tres" para tocarle sus partes íntimas. Ella gritó y denunció, y gracias a esa visibilidad, Mariana se animó a contar su historia.

"Las trabajadoras de prensa estamos muy expuestas a estas cosas. Le tuvo que pasar a Carolina para que salga yo a hablar. Cuando le di importancia al asunto, sentí el apoyo de mis compañeras. La reacción de mi entorno tras publicarlo fue muy sanadora. Yo estaba llena de culpa", afirmó en diálogo con AM750.

En un hilo de Twitter, la reportera de Los Primeros TV señaló que el día de las PASO entró "mucha gente al búnker" , descriptos como "fanáticos que estaban ahí solo para aplaudir" que, sin control, se mezclaron con la gente de prensa en el Salón Blanco. En ese amontonamiento sintió que alguien la manoseaba "de una manera muy fuerte y descarada". El contexto en el que Ponce de León sufrió el abuso fue similar: un tumulto de personas frente al escenario.

La responsabilidad del Estado

Romero cuestionó que la gestión de Tucumán utilice la Casa de Gobierno como búnker partidario cuando "es la casa de todos los tucumanos", al tiempo que "en lugar de mantener las normas de seguridad, se permite el ingreso de cualquiera que pase por la calle sin registrarlo en un libro, sin pedir el DNI como se haría en cualquier unidad básica o lugar que esta funcionando de esa manera".

Y subrayó: "La clase dirigente tiene causas abiertas por acoso o abuso sin sentencia. En Tucumán estamos acostumbradas a que se abran las causas y que a nadie le interese si ocurrieron o no los hechos".

En efecto, al menos siete políticos de esa provincia, entre legisladores o funcionarios, están denunciados por hechos de violencia de género. Ninguno de los acusados tiene una sentencia firme.

"Siguen con sus carreras brillantes como si fueran un gran ejemplo de éxito y las denuncias de las mujeres no les hacen ni cosquillas . ¿Cómo se va a sentir el aplaudidor cuando lo entran a aplaudir a personas que tienen causas abiertas?", alertó.

Ponce de León realizó dos denuncias por el hecho: una en la Comisaría Nº1 de San Miguel de Tucumán, y otra en la Unidad Fiscal de Integridad Sexual.

De acuerdo al escrito, al que accedió AM750, la periodista aseguró que siguió avanzando entre el tumulto. "Yo quería llegar donde estaban mis compañeros para sentirme resguardada. Es como que se hubiese detenido el tiempo en ese momento. Mis compañeros me vieron mal cuando llegué", comentó.

En una entrevista a El Tucumano, la periodista de Radio Universidad contó que el domingo 14 de noviembre, el día de los hechos, habló con personal del salón de la administración de Tucumán y le respondieron que "era imposible controlar a tanta gente”.

Al otro día fue recibida por el actual gobernador, Osvaldo Jaldo. "Él me dijo ‘haga todo lo que corresponda’, y Mariana Lucenti me llamó y me dijo que el Gobernador prometió que se iban a tomar medidas", relató.

Casos de abusos en la política de Tucumán

No es la primera vez que la política de Tucumán es repudiada por casos de abuso sexual y situaciones de violencia de género. De acuerdo a una recopilación que realizó Revista Crisis, hay al menos siete funcionarios y políticos que fueron partícipes de episodios de agresión sexual.

José Orellana, intendente de Famaillá, está procesado por el delito de abuso sexual tras la denuncia de una trabajadora de la Cámara de Diputados en 2016.

El exgobernador de Tucumán y senador, José Alperovich, fue acusado de violación por su sobrina y ex colaboradora. En la actualidad se encuentra de "licencia" de su banca del Senado.

Bruno Romano, concejal del PJ por la ciudad de Alberdi, fue denunciado por violencia física hacia su expareja, causa por la que fue absuelto en julio 2020, y por no cumplir con la cuota de alimentos. El legislador por Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Bussi, está acusado de abuso sexual y robo de identidad.

Lupe, la víctima del legislador, contó en una entrevista con AM750 que vive oculta tras la denuncia ya que sufre de constantes amenazas y ataques.

Antonio Estofan, vocal de la Corte Suprema de Justicia, fue denunciado por acoso laboral por una empleada judicial en septiembre de 2020. 

Washington Navarro Dávila, titular del Ministerio Pupilar y de la Defensa, afronta causas por acoso laboral y violencia de género a una empleada. 

Carlos Najar, intendente de las Talitas, fue denunciado por su expareja por violencia de género.

El repudio de Manzur y Jaldo

El ahora jefe de Gabinete, Juan Manzur, repudió lo sucedido en la Casa de Gobierno de Tucumán. En un tweet, escribió: “En mi rol de jefe de Gabinete de Ministros y Gobernador de Tucumán en uso de licencia, condeno enérgicamente los hechos denunciados por las periodistas”.

Osvaldo Jaldo, gobernador en funciones, expresó su apoyo a las periodistas. “Como gobernador de la provincia me solidarizo con las periodistas ante los hechos denunciados”, señaló cerca del mediodía este miércoles, y aseguró que pondría a disposición “todos los elementos y medidas que sean necesarias” para que “los responsables sean rápidamente identificados y puestos a disposición de la Justicia”.