Nicaragua vivirá este domingo una nueva jornada elecciones presidenciales, donde el mandatario Daniel Ortega se encamina a lograr otro mandato, el cuarto consecutivo y el quinto en total. 

Ortega, candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), todavía debe superar en las urnas a otros cinco candidatos, sin embargo ninguno se presenta con chances, ya que se trata de dirigentes poco conocidos para la mayoría de los nicaragüenses.

Desde las 8 (11 hora Argentina), 4,5 millones de nicaragüenses elegirán entre las siete listas posibles en 13,500 establecimientos de votación distribuidos en todo el país. De las listas, seis exponen candidatos a la presidencia y vicepresidencia, y una, Yatama, por ser un partido regional, solo ofrece diputados para su región.

Además, de Ortega, la listas de candidatos estarán encabezadas por: Alfredo Montiel, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN); Mauricio Orúe Vásquez, del Partido Liberal Independiente (PLI); Walter Espinoza, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC); Guillermo Osorno, de Camino Cristiano Nicaragüense; y Gerson Gutiérrez Gasparín, de la Alianza por la República (APRE) son los otros candidatos.

Campaña y pandemia

El pueblo de Nicaragua irá a las urnas después de una campaña electoral marcada por los límites de la pandemia. Esto se debe a que el Consejo Electoral autorizó actos de no más de 200 personas y con un máximo de 90 minutos de duración.

Esto ocurre en un momento en el que el Gobierno informó ya ha vacunado contra el coronavirus a poco más del 50 % de su población..

Detenciones

Este domingo, Nicaragua sufragará en una elección presidencial controvertida, ya que hay militantes y candidatos opositores detenidos y tres partidos opositores proscritos.

De los 39 activistas opositores que se encuentran presos, siete habían manifestado que se presentarían a elecciones: Cristiana Chamorro, Féliz Maradiaga, Arturo Cruz, Medardo Mairena, Miguel Mora, Noel Vidaurre y Juan Sebastián Chamorro, todos encarcelados entre junio y julio de este año.

El Gobierno se alejó de estos sucesos y responsabilizó a la Justicia. Estas decisiones se justifican bajo la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz.