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Cristina Kirchner y sus hijos pidieron ser sobreseídos en la causa Hotesur

El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, solicitó que no se realice el juicio oral y citó al antecedente de la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.


Cristina Kirchner y sus hijos pidieron ser sobreseídos en la causa Hotesur

Cristina Kirchner y sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner pidieron ser sobreseídos en las causas llamadas "Los Sauces" y "Hotesur", donde se investiga el supuesto lavado de dinero mediante el alquiler de sus hoteles y propiedades. Ambos expedientes fueron elevados a juicio oral.

El abogado Carlos Beraldi, representante de la vicepresidenta, solicitó que el juicio oral no se realice y que tanto la expresidenta como sus hijos sean sobreseídos.

Como antecedente, la defensa citó la decisión del juez Daniel Obligado (presidente del TOF 5) en el Pacto con Irán, donde la vicepresidenta fue sobreseída.

El pedido de sobreseimiento presentado ante la justicia

El pedido

Según señala el texto, “resulta imprescindible, de una vez por todas, dictar una resolución que ponga fin a estas actuaciones, que ya llevan varios años de trámite".

En el escrito de 65 carillas que fue presentado ante el Tribunal Oral Federal 5, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy enumeraron irregularidades cometidas en la investigación.

A su vez, pidieron a los jueces que cierren la causa con sobreseimientos con “expresa mención de que la formación de este proceso en nada afecta el buen nombre y honor" de los imputados. Y reclamaron sobreseer a otros dos procesados, Romina Mercado y Patricio Pereyra Arandia.

Sin intervenciones

En abril de este año, el TOF 5 dispuso levantar las intervenciones de los establecimientos. Esto permitió que la familia Kirchner vuelva a tener la administración de esas firmas.

Las propiedades de Los Sauces estaban intervenidas desde hace cuatro años, mientras que Hotesur estuvo intervenida durante más de tres.  

La resolución se tomó por dos votos a uno y el voto mayoritario estableció también el nombramiento de veedores de la AFIP que vigilen el andar de ambas empresas dedicadas a alquilar propiedades, principalmente hoteles, oficinas y casas.

Beraldi había denunciado que después de casi cinco años de una intervención ilegal, la administración judicial impuesta por Claudio Bonadio omitía cobrar algunos alquileres, no pagaba los impuestos, no hacía el mantenimiento e incluso hubo propiedades usurpadas y robadas.

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