Los datos del informe anual del Consejo Indígena Misionario (CIMI) de Brasil que se divulgaron este jueves son preocupantes y reflejan un aumento de las situaciones de abuso de poder y racismo contra los pueblos indígenas. En el informe de más de 200 páginas hay un nombre que aparece mencionado casi 70 veces: Jair Bolsonaro.

El CIMI concluye que la violencia contra los indígenas como “práctica de gobierno” es una “dolorosa y dramática realidad en el Brasil de Bolsonaro”. La mayoría de los casos de abuso de poder, diversas amenazas y racismo y discriminación étnica y cultural ocurrieron cuando los indígenas buscaron atención o asistencia en medio de la pandemia.

Las medidas gubernamentales, afirma el CIMI, incidieron “directamente” en el aumento de los casos de “conflictos relacionados con los derechos territoriales”, que aumentaron significativamente. Hubo 96 casos de este tipo en 2020, un 174% más que los 35 identificados en 2019.

Otro dato relevante es el considerable aumento de los asesinatos de indígenas en Brasil. En 2020 fueron asesinados 182 indígenas, 61% más que en 2019, cuando se contabilizaron 113 asesinatos.

Se trata del mayor número de muertes violentas de indígenas brasileños registrada en los últimos 25 años, señala el informe. Además hubo 1.200 muertes causadas por la pandemia de covid-19. “En muchas aldeas, la pandemia se llevó las vidas de ancianos y ancianas que eran verdaderos guardianes de la cultura, de la historia y de los dos saberes de sus pueblos, lo que representa una pérdida cultural inestimable, no sólo para los pueblos indígenas sino para toda la humanidad”, advierte el CIMI.

El informe reportó 263 invasiones a reservas indígenas, en su mayoría por "garimpeiros" (mineros ilegales) y madereros ilícitos. "Madereros, mineros, cazadores y pescadores ilegales o terratenientes invaden las tierras indígenas para apropiarse ilícitamente de madera o devastar ríos enteros en busca de oro y otros minerales, además de deforestar y quemar extensas áreas de tierra para convertirlas en pasto", denuncia el estudio.

El CIMI denuncia que el gobierno de Bolsonaro, los empresarios del agronegocio, policías y militares han sido "cómplices" de los responsables de la explotación minera ilícita y de la deforestación de la selva para el comercio ilegal de madera.