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Uruguay: presentan proyecto para otorgar prisión domiciliaria a genocidas de la dictadura

Beneficiaría a los reclusos mayores de 65 años. El presidente, Luis Lacalle Pou, dijo que tiene una “visión a priori positiva” sobre la iniciativa.


Uruguay: presentan proyecto para otorgar prisión domiciliaria a genocidas de la dictadura

Uno de los partidos que integra la coalición de gobierno que llevó a Luis Lacalle Pou a la Presidencia de Uruguay, Cabildo Abierto, presentó un proyecto de ley para otorgar prisión domiciliaria a los reclusos mayores de 65 años, beneficiando así a más de 20 torturadores y violadores de los derechos humanos.

El Poder Ejecutivo está estudiando la propuesta y hay dudas respecto al límite de edad que comprendería el beneficio, según admitió Lacalle Pou. “Capaz que sería el de 70 años, estamos estudiando. Es la primera aproximación a una visión a priori positiva sobre el tema, no genera un régimen especial”, agregó Lacalle.

Con un 11 por ciento de los votos obtenidos en las elecciones de 2019, Cabildo Abierto es un partido de ultra derecha que resulta clave para la gestión de Lacalle Pou a la hora de asegurar el respaldo de la coalición de gobierno a sus proyectos en el parlamento.

Está liderado por el excomandante del Ejército, Guido Manini Ríos, y en sus filas hay varios militares retirados que ocupan cargos de gobierno.

Una medida de “protección”

El proyecto apunta a que los privados de libertad mayores de 65 años cumplan su condena de prisión domiciliaria, con los controles correspondientes a cargo del Ministerio del Interior. 

En la exposición de motivos, los senadores de Cabildo Abierto afirman que con esta iniciativa se busca “la protección de la salud, integridad física y psicológica de personas de edad avanzada, catalogadas como de mayor riesgo por los organismos nacionales e internacionales”.

En las cárceles uruguayas hay unas 100 personas privadas de libertad que tienen más de 65 años. La mayoría de ellas están presas por delitos violentos, como homicidios, femicidios y delitos sexuales. Más de 20 de las personas que se beneficiarían con la iniciativa están presas por torturas y violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura (1973-1985).

Las posturas frente a la iniciativa

La propuesta generó el rechazo del opositor Frente Amplio, pero dentro de la coalición de gobierno la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi (tercera en la línea sucesoria presidencial) dijo que es un proyecto que necesita algunos ajustes y adelantó que tiene que “dársele aprobación”. “Pertenezco a la generación que sufrió la guerrilla, porque fui civil y de izquierda, pero la sufrí”, afirmó.

Sin embargo, en el Partido Nacional también hay voces que piden más tiempo para estudiar el asunto. “Se trata de un tema muy delicado”, dijo el senador Jorge Gandini.

El Partido Colorado, otro de los socios del gobierno, aún no definió qué postura tomará. El Partido Independiente, también integrante de la coalición, anunció que no dará su voto a esta iniciativa.

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