Una comisión del Senado brasileño aprobó este martes una solicitud para que el mandatario Jair Bolsonaro sea procesado por crímenes de lesa humanidad, entre otros nueve delitos, con siete votos a favor y cuatro en contra. Tras 10 horas de debate, la sesión finalizó con un minuto de silencio, en símbolo de duelo por las víctimas de la pandemia.

El documento alega que el manejo de la pandemia del coronavirus por parte del mandatario debe ser considerado como “homicidio” y “genocidio” por el fallido intento de “inmunidad colectiva” que, por acción u omisión, se llevó la vida de más de 600 mil habitantes, de los cuales se considera que al menos 120 mil (el 20 por ciento) eran evitables.

Un agregado reciente al documento es la petición de la suspensión de las cuentas del presidente en redes sociales, mediante las cuales Bolsonaro difunde este tipo de iniciativas y mensajes.

El texto de 1.288 páginas se confeccionó durante los últimos seis meses y enumera una extensa serie de motivos por los cuales los acusados son culpables de la fatídica expansión del Covid-19 en el país.

Sin embargo, el fiscal general de Brasil, Augusto Aras, es quien decidirá si efectivamente se lleva adelante el procesamiento del Presidente que fue quien le otorgó dicho cargo. A partir de este martes, tiene 30 días para determinar si presenta cargos penales contra Bolsonaro y los otros acusados nombrados en el informe. Además, la Cámara Baja de Brasil también tendría que aprobar los cargos.

Si Bolsonaro es acusado formalmente, será suspendido de su cargo por 180 días mientras la Corte Suprema decide el caso; si es declarado culpable, sería excluido de la presidencia durante ocho años y enfrentará años de prisión.

Por lo pronto, el senador del Movimiento Democrático Brasileiro y ex presidente de la Cámara, Renan Calheiros, principal autor del informe, advirtió que si el fiscal general no presenta cargos contra el presidente, el comité del Senado buscará otras vías legales, incluso en la Corte Suprema de Brasil y la Corte Penal Internacional en La Haya.

El texto reza: “Si se hubieran aplicado sistemáticamente medidas no farmacológicas, se podrían haber reducido los niveles de transmisión del covid-19 en aproximadamente un 40 por ciento, lo que significa que se podrían haber salvado 120.000 vidas para fines de marzo de 2021″.

Buscando reactivar la economía más grande de América Latina, el país tuvo una escasa campaña oficial de concientización y casi nulas medidas obligatorias de prevención, arremetiendo contra los tapabocas, y distancia social, entre otras claves de cuidado. Incluso, el propio Bolsonaro desestimó el virus al punto de ni siquiera haberse vacunado.

El informe e investigación de un panel de 11 congresistas, de los cuales siete son opositores, también sugiere cargos criminales contra otras 80 personas, incluidos tres hijos de Bolsonaro y funcionarios tanto actuales como retirados.

Además de las acusaciones mencionadas, se acusa de los siguientes delitos: epidemia con resultado de muerte, violación de medidas sanitarias preventivas, charlatanismo, incitación al delito, falsificación de documento, uso irregular de subvenciones, prevaricación y dos cargos tipificados como crímenes de responsabilidad.

La semana pasada, al presentar las pruebas en su contra, el mandatario arremetió contra la investigación del Senado, alegó a “motivos políticos”, trató a Calheiros de “sucio” e ironizó ante sus seguidores virtuales “¿Sabían que hoy fui acusado de homicidio?”.

Dentro del documento, se demuestra que Bolsonaro promovió el uso de medicamentos no aprobados por organismos sanitarios mundiales ni nacionales, como vacunas no habilitadas y la hidroxicloroquina que, incluso, ya se demostró que era ineficaz para combatir el virus. También se demostró que, por este tipo de acciones, se ignoraron 100 correos electrónicos de la empresa Pfizer, lo cual retrasó notablemente la llegada y aplicación de las vacunas necesarias para inocular a la población.

Bolsonaro no es el primer mandatario del país en ser acusado por homicidio. Washington Luis (1926-1930), fue arrestado y acusado en 1930 después de que un político de la oposición fuera asesinado.

El próximo año, el actual presidente irá por su reelección en medio de una caída feroz de su popularidad, contrarrestada con el incremento de legitimidad que ganó el ex presidente del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva, tras su liberación de una aprehensión sin fundamentos.

A medida que caen las cifras de las encuestas, Bolsonaro busca impulsar cambios fiscales y una reforma del gobierno en el Congreso para apuntalar su poder ante los votantes. También hay una pelea inminente sobre la deuda federal y otro comité que investiga las acusaciones de que el presidente y sus partidarios difundieron información falsa (“Fake news”) para hacer campaña en internet.