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Mauricio Macri llegó al país y debe presentarse ante la Justicia por espionaje ilegal

No hay confirmación de sus asesores legales sobre si concurrirá este miércoles a Dolores a la citación para presentar declaración indagatoria. La querella prevé una estrategia de prórroga.


Mauricio Macri llegó al país y debe presentarse ante la Justicia por espionaje ilegal

El expresidente Mauricio Macri llegó a la Argentina y deberá este miércoles presentarse a declarar ante el juez Martín Bava por la causa que investiga el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Sin embargo, hay dudas sobre si el exmandatario concurrirá o no a la citación judicial ya que ninguno de sus asesores legales confirmaron su asistencia.

Hernán Lombardi, secretario de Movilización del PRO y candidato a diputado, quien aseguró que Macri volvería el 19 de octubre para presentarse el 20 ante el juzgado de Dolores, pero según publicó Página/12, Pablo Lanusse, uno de sus abogados, pidió autorización al magistrado para ir a revisar el expediente recién hoy, un día antes de su presentación indagatoria, por lo que se estima que pedirá una prórroga alegando que no tuvo tiempo suficiente para revisar la documentación que incriminaría al expresidente con el espionaje desplegado desde la AFI.

Macri presentó a Lanusse y a Jimena Pisoni, el jueves a la mañana como su defensa y también apeló la prohibición de salida del país que había ordenado Bava el 1 de octubre, cuando lo convocó a indagatoria. Además, deslizó que no le reconocía competencia al juez para investigarlo: lo que preanuncia que, en algún momento, pedirá el pase de la causa a los tribunales de Comodoro Py.

La abogada Valeria Carreras, una de las querellas de la causa, advirtió que se prevé una estrategia para postergar nuevamente la indagatoria. Desde el entorno de Macri siempre dijeron que la intención era suspender todo el proceso hasta después de las elecciones de noviembre.

"Absoluta inocencia"

El exjefe de Estado presentó la semana pasada un escrito en el que apeló la prohibición de salida del país y pidió a Bava que le aplique a la misma “efecto suspensivo”, es decir, que no entre en vigencia hasta que sea analizada en instancias de apelación superiores.

La prohibición de salida "carece de todo tipo de fundamentación, y por ende aniquila y vulnera los derechos, principios y garantías de defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, libre circulación y tránsito, principio de inocencia, proporcionalidad y razonabilidad", cuestionó en el escrito que firmó junto a al abogado Lanusse.

"Vivo con mi familia y desarrollo públicamente mi actividad política", sostuvo el expresidente, al considerar también que la decisión de disponer la “prohibición de salida de país resulta entonces huérfana de toda fundamentación relacionada a mi persona y situación, lo cual conculca los derechos, principios y garantías que me amparan y que informan el debido proceso y la defensa en juicio".

A Macri se le imputa que desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre de 2017 y finales de 2018 “ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos”.

“Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan”, según detalló el juez Bava en la resolución que emitió el 1 de octubre cuando convocó al exmandatario a indagatoria.

“Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes”, sostuvo el magistrado.

“Dichas tareas no contaron con autorización judicial alguna ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno nacional encabezado por el ex presidente Mauricio Macri”, explicó en otro pasaje de aquella resolución a la que accedió Télam.

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