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Más de 2500 vecinos participarán de la Audiencia Pública por el destino de la exCiudad Deportiva de Boca

El Gobierno porteño y la empresa IRSA firmaron un convenio para hacer en el lugar un emprendimiento inmobiliario, que fue refrendado en la Legislatura.


Más de 2500 vecinos participarán de la Audiencia Pública por el destino de la exCiudad Deportiva de Boca

Distintos referentes vecinales de la Ciudad de Buenos Aires y particulares se anotaron para la audiencia pública que se realizará este viernes para discutir sobre el destino de los terrenos de la exCiudad Deportiva de Boca, donde el Gobierno porteño realizó un convenio con la empresa IRSA para un emprendimiento inmobiliario.

Se anotaron en total 2.593 habitantes de la Ciudad que participarán durante los 14 días de la audiencia y que finaliza el 8 de noviembre.

En tal sentido, el Observatorio del Derecho a la Ciudad realizó esta tarde un encuentro preparatorio vía Zoom, donde los expositores fueron la arquitecta Gaby Muzio, integrante de Colectivo de Arquitectas, la ingeniera María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la FIUBA, y Jonatan Baldiviezo, abogado y presidente del Observatorio.

Precisamente, esa última organización civil junto a la exdiputada Gabriela Cerruti consiguieron que la Justicia porteña haya declarado como "inconstitucional" la venta de los terrenos de Costa Salguero, con el aval de la Legislatura.

Este caso es igual a la situación de la Costanera Sur, donde el proyecto Costa Urbana ya fue avalado por la mayoría macrista de legisladores porteños.

Costa Urbana, en la exCiudad Deportiva, consta de un predio de 71 hectáreas ubicado sobre el Río de la Plata y lindero con la Reserva Ecológica Costanera Sur, en un humedal. La empresa IRSA prevé construir un barrio privado con edificios de hasta 145 metros de altura y calles internas.

Entre las organizaciones que van a participar están el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC), la Defensoría de Laburantes (La Defe) y la Central de Trabajadores de la Argentina-Autónoma (CTA-Autónoma).

Las agrupaciones se valen de la Constitución de la Ciudad que establece que el "contorno ribereño debe ser público y de acceso libre", a la vez que ordena la "recuperación de las áreas costeras". Además, afirman que "la autorización del emprendimiento Costa Urbana significa consolidar el mayor despojo de tierras públicas de la Ciudad".

El predio en cuestión pertenece a la empresa quien la recibió por ley del Congreso Nacional, aunque en la década de 1960, cuando el Estado nacional lo cedió a Boca Juniors, fue con la condición de que no lo vendiera a privados y lo destinara a actividades deportivas.

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