La justicia chilena aceptó hoy la apertura de un proceso de investigación penal contra el presidente Sebastián Piñera para determinar si cometió delitos en el armado de empresas offshore, luego de la revelación de los Pandora Papers sobre sus negocios en paraísos fiscales.

"El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admite a tramitación la querella interpuesta por el abogado Luis Rendón contra Sebastián Piñera", informó a través de un comunicado el Poder Judicial de Chile.

Piñera está acusado de participar en la venta de la empresa minera Dominga a través de un paraíso fiscal en las islas Vírgenes Británicas en 2010, mientras ejercía su primer mandato, lo que supondría un conflicto de intereses, que Piñera no obstante descartó.

El comprador de Dominga fue uno de los mejores amigos de Piñera, el empresario Carlos Alberto Délano, condenado a cuatro años de prisión - accedió a un régimen de 'libertad vigilada' - por haber cometido delitos tributarios entre 2009 y 2014, en el famoso Caso Penta, que desató un verdadero escándalo de corrupción en el país vecino años atrás.

Piñera y los Pandora Papers

De acuerdo a la investigación, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, empleó una cuenta offshore en las Islas Vírgenes Británicas para realizar la operación de venta de la Minera Dominga a uno de sus amigos de la infancia, el empresario Alberto Délano.

La operación, que se realizó nueve meses después de que Piñera asumiera como presidente, incluyó un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes por 138 millones de dólares.

"Resulta fundamental que los hechos conocidos sean investigados a fondo y es importante que exista un querellante, porque las investigaciones de oficio de Fiscalía han demostrado no dar las garantías necesarias", afirmó el abogado en conferencia de prensa citada por la agencia de noticias Sputnik.

En medio del escándalo por los Pandora Papers, el mandatario afirmó el pasado lunes que en la venta de la minera “se cumplió estrictamente con las reglas tributarias de Chile”, que la operación no le fue "consultada” y que en la venta “se pagaron todos y cada uno de los impuestos”.

Sin embargo, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló que una de las condiciones para realizar dicha transacción era que el terreno donde se emplazaba el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que en Chile depende del mismo presidente.