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Claudio Moroni afirmó que el Gobierno no tiene "vocación anti empresa"

Desmintió la información de la portada de un diario que asegura que con el proyecto de ley de Comités Mixtos, la gestión de Alberto Fernández impulsa una intervención estatal en las empresas.


El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, desmintió una nota de tapa del diario La Nación que asegura que con el proyecto de ley de Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo, el Gobierno impulsa una intervención estatal en las empresas.

"La tapa del diario tiene un exceso de imaginación. Están hablando de una cosa distinta a lo que es el proyecto de ley que presentamos. Este proyecto no propone una intervención de ningún tipo", dijo Moroni en comunicación con La Mañana de Víctor Hugo.

El funcionario señaló que se trata de una ley que en provincias como Santa Fe y Buenos Aires está vigente hace más de 10 años. Además dijo que fue un proyecto discutido con los abogados de la Unión Industrial Argentina y contó que es una medida que la Organización Internacional del Trabajo recomienda hace más de 20 años.

"La iniciativa propone la confirmación de comités mixtos dentro de las empresas con los mismos delegados ya están para discutir las condiciones de higiene y de seguridad ante la empresa. La novedad está en que además se incorporan a estas comisiones los temas relacionados con violencia y acoso a fin de fijar protocolos para que esto no suceda. Esto hace a la salud de los trabajadores", dijo Moroni y aclaró que el proyecto no propone sumar más representantes gremiales. "Es un canal de negociación y discusión para que no se discuta solo por el salario sino también por todos aquellos temas que hacen al trabajo digno", agregó.

Por último, el ministro afirmó que el gobierno del Frente de Todos "no tiene una vocación antiempresa". "Durante la crisis del coronavirus nos dedicamos a asistir a las empresas para que mantengan vigente las unidades productivas", puntualizó.

Claves del proyecto

Este Comité deberá contribuir también a la prevención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, así como de cualquier otra forma de discriminación. De esa manera, con la participación de representantes de los trabajadores y empleadores, se creará un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, en el que se concederá prioridad al principio de prevención.

Será obligatorio para las empresas donde se desempeñan más de cien trabajadoras y trabajadores, mientras que, en las unidades productivas de dimensiones inferiores, se concederán facultades específicas a los delegados para participar y actuar en todos los temas relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo.

“Este proyecto de Ley da vuelta 20 años de discusión en la Argentina, generando ámbitos donde participan las comisiones internas y los empresarios en la solución de temas”, el secretario general de la CGT, Héctor Daer al término del encuentro. 

“Me parece que esto muestra claramente hacia dónde va un proceso político que marca que el diálogo entre trabajadores y empresarios es el camino a la asignación de derechos y mejores condiciones laborales”, agregó.

 

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