La alianza de gobierno de España trabaja en el borrador de la nueva ley de Vivienda, que busca regular el precio de los alquileres en todo el país y que podría poner el foco en castigos fiscales a quienes tengan propiedades desocupadas, y ejercer control sobre las empresas propietarias de más de diez inmuebles.
La iniciativa surge en medio de un debate mundial en relación al acceso a la vivienda, y semanas después de que Berlín aprobara una ley que autoriza la expropiación de 240 mil propiedades a las principales inmobiliarias para garantizar la estabilidad de los precios, meses antes de que en 2022 finalice el congelamiento dispuesto en 2020.
Las claves de la ley de Vivienda en España
El gobierno prevé diferenciar las zonas de acuerdo al parámetro de “áreas tensionadas”, que deberá ser solicitada por las comunidades autónomas en función de la evolución de los precios de alquileres en los últimos años, por encima de lo considerado “razonable”.
Las áreas “tensionadas” podrían ser un barrio, un distrito, un municipio o una comunidad entera, por ejemplo Madrid.
Para ser “tensionadas”, las áreas deberán haber contado con precios medios de arrendamiento que hayan crecido más de cinco puntos por encima del índice de precios al consumidor. Y ademas, que el importe represente más del 30 % de los ingresos por hogar.
Para esas zonas, se diferenciará entre quién sea el propietario, si particulares o empresas con más de 10 viviendas (denominados como “grandes propietarios”).
En el caso de los particulares se impulsarán medidas fiscales, mientras que para los segundos habrá topes de precios. El inquilino podrá exigir una prórroga forzosa del contrato.
Si se trata de un dueño “gran propietario”, el precio de la renta mensual se definirá en base a un índice de precios de alquiler, elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Si se trata de un particular –son mayoría– el precio seguirá siendo libre, acordado por las partes y los propietarios tendrán incentivos fiscales para no aumentar.
Según publica el diario El País, fuera de las áreas tensionadas también podría haber beneficios impositivos para quienes accedan a bajar los precios.
Además se penalizará a quienes tengan propiedades vacías. Podría haber penalizaciones de hasta el 150 por ciento de los impuestos de bienes inmuebles.
Bono joven
La otra gran novedad es una ayuda directa de 250 euros por mes para personas de entre 18 y 35 años.
Deberán acreditar que tienen rentas procedentes del trabajo inferiores a 23.725.8 euros (anual), y se podrá percibir por hasta dos años.
Se trata de una medida clave, en un país donde la gran mayoría de los jóvenes tiene dificultades para alquilar una vivienda.
En total, alrededor de 5 millones de jóvenes podrían acceder.
