Una escuela primaria de la Villa 31 lleva tres días sin clases por falta de agua, comprometiendo la asistencia a clases de más de 800 estudiantes. Al momento, no han recibido respuestas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni de entidades nacionales.

Se trata de la Escuela Primaria Nº 25 “Bandera Argentina”, ubicada en una de las villas más grandes del país que, a su vez, se emplaza en uno de los barrios más ricos y con mayor desigualdad de la Ciudad de Buenos Aires.

La responsabilidad directa de solucionar el problema recae sobre la Secretaría de Integración Urbana (Sisu) y el Ministerio de Educación de la Ciudad, a cargo de Soledad Acuña, que debe gestionar la administración del servicio con los prestadores.

Durante los últimos meses, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se ha jactado de ser férreo defensor de la presencialidad en las aulas, a pesar del avance del coronavirus. Incluso, se han acelerado los protocolos en escuelas que no cuentan con la capacidad física necesaria para el distanciamiento o la ventilación necesaria. Sin embargo, al momento ningún representante porteño ofreció soluciones para este caso.

“Mis dos hijos asisten a la Escuela ‘La Banderita' y desde el jueves están sin clases porque la escuela no tiene agua. No sabemos cuándo va a volver. Los perjudicados son las chicas y los chicos, porque no pueden estudiar”, expresó al medio Erisema Melgar, vecina de la Villa 31.

Cabe destacar que durante las primeras semanas de la pandemia del coronavirus, la Villa 31 permaneció más de diez días sin agua potable, quitando a los vecinos la posibilidad de higienizarse, hidratarse y limpiar sus hogares, en plena ola del virus. Al día de hoy, el barrio acumula 3.534 casos positivos.

Cinco días atrás, la Policía de la Ciudad desalojó violentamente una toma con más de 100 mujeres y niños que reclamaban por una vivienda digna y el acceso a servicios básicos.

Las familias, conformadas en un 80 por ciento por madres solteras y/o mujeres jefas de hogar, se habían asentado tres meses atrás en un sector del barrio denominado “Containera” solicitando al GCBA y al Instituto de la Vivienda (IVC) que ofrecieran opciones para acceder a una casa.

Esto se dio en el marco del proceso de urbanización del barrio, que deja afuera de las decisiones a los vecinos y tiene una lista de condiciones tan específica que muchas familias, por ejemplo las no propietarias, quedan sin techo.

Las casillas construidas con materiales sumamente precarios fueron destruidas por topadoras y prendidas fuego, incluso algunas con pertenencias adentro.

Según un estudio realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 3 de cada 4 (el 75 por ciento) familias inquilinas que viven en villas tuvieron que endeudarse para pagar el alquiler en el último año.