El presidente de Perú, Pedro Castillo, promulgó este viernes una ley aprobada por el Congreso durante la madrugada, la cual habilita la cremación del cuerpo del fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, que falleció en prisión el sábado a los 86 años.

La normativa autoriza al Poder Judicial a decidir qué hacer en casos en los que la sepultura del cadáver de un condenado por terrorismo que muere en prisión pueda, eventualmente, derivar en una "posible afectación a la seguridad y orden público" por la creación de un lugar de homenajes.

El mandatario y varios ministros defendieron la necesidad de esta ley, pese a lo cual la bancada del gobernante Perú Libre votó en contra de la iniciativa. El proyecto fue aprobado con 70 respaldos, 32 rechazos y 14 abstenciones.

“Coincidimos en que Abimael Guzmán es un terrorista y merece todo nuestro repudio, pero una de las grandes tareas que tenemos los congresistas es hacer un poco de pedagogía, no ser parte de la barra brava que a veces quieren convertir el hemiciclo”, manifestó.

El congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo argumentó en sala contra la aprobación del proyecto. Entre otras cosas, dijo que el Congreso no debería debatir un tema como la entrega de los restos a sus familiares para no colocarse “al nivel de quienes actuaron de forma sanguinaria”.

El cuerpo de Guzmán aún sigue bajo custodia del Ministerio Público en una morgue del puerto del Callao. La Fiscalía pidió al Ministerio del Interior reforzar la presencia de agentes de seguridad en la morgue ante las manifestaciones que se vienen registrando en el lugar por parte de grupos de derecha y hasta rumores de planes para secuestrar el cadáver para verificar su identidad.

Guzmán murió a los 86 años por "una infección generalizada". La Comisión de la Verdad y Reconciliación -creada en 2001 para realizar una investigación sobre el terrorismo en Perú entre 1980 y 2000- definió a Sendero Luminoso como una "organización subversiva y terrorista", que buscó alcanzar el poder por la vía violenta.

Se estima que ese trágico período dejó un saldo de 70 mil víctimas como consecuencia del accionar de la guerrilla y del aparato represivo del Estado.