El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este jueves movilizar todos los recursos posibles de su Gobierno para "garantizar que las mujeres en Texas tengan abortos seguros y legales", tras la entrada en vigor de la ley estatal que prohíbe esta intervención pasadas las seis semanas de gestación.

A través de un comunicado, el mandatario demócrata lamentó la decisión tomada anoche por el Tribunal Supremo del país, que cuenta con una mayoría conservadora reforzada, de no bloquear la ley de Texas, que ya entró en vigor.

Y dijo que pidió al Consejo de Políticas de Género y a la Oficina Legal de la Casa Blanca que lancen "un esfuerzo gubernamental integral" para responder a la resolución de la Corte. Biden consideró que la decisión judicial es "un asalto sin precedentes a los derechos constitucionales de las mujeres" garantizados en el fallo de 1973 en el caso de Roe v. Wade.

El aborto fue reconocido como un derecho constitucional en EE. UU. gracias a ese fallo del Tribunal Supremo, en el que se estableció que una mujer puede interrumpir su embarazo durante los primeros seis meses de gestación. 

La nueva norma de Texas prohíbe abortar desde las seis semanas, cuando se puede "detectar el latido del corazón del feto" y muchas mujeres "no saben aún que están embarazadas". Asimismo, no contempla excepciones en casos de incesto o violación.

Además, permite a personas particulares presentar demandas civiles contra cualquier otra que ayude a una embarazada a abortar infringiendo la prohibición.

Biden destacó que con esa ley "se da poder a particulares en Texas para denunciar a proveedores de servicios sanitarios, familiares que apoyan a la mujer que ejerce su derecho a elegir después de seis semanas o incluso al amigo que la lleva al hospital o la clínica".

Biden también sostuvo que con esa norma, cualquier desconocido podrá entrometerse en "las decisiones más privadas y personales que una mujer afronta sobre su salud. Y apuntó contra el Supremo por haber tomado la decisión sin haber llevado a cabo una sola audiencia y sin "el beneficio de la opinión de una corte de menor instancia".

Por último, indicó, la acción del alto tribunal supone "un insulto al imperio de la ley y a los derechos de todos los estadounidenses que buscan una reparación en nuestras cortes".