El titular de la Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal, Julián Axat, presentó en las últimas horas una petición ante el juez Daniel Rafecas para requerir que "se disponga el cese del desalojo" de las tierras ocupadas dentro del Barrio 21-24 (exvilla 21-24) del barrio de Barracas, al igual que "de toda medida que pueda implicar violencia sobre las personas y las cosas".

La petición se enmarca en la investigación en trámite por la ocupación del predio ubicado entre las vías del ferrocarril y la calle Lavardén, en el barrio de Barracas, lugar en el que un grupo de personas se encuentran llevando adelante una toma de terrenos que pertenecerían a la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) nacional.

La intervención de ATAJO se inició a pedido del padre Lorenzo “Toto” de Vedia, titular de la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, de la villa 21-24, barrio donde la Dirección del Acceso a la Justicia tiene emplazada desde 2014 una de sus agencias territoriales.

La presentación fue acompañada de un informe de actuación, a fin de sumar “elementos y consideraciones que pueden resultar de interés para los autos en trámite ante el Juzgado a su cargo”, que evidencian “a prima facie un estado de vulnerabilidad en las personas que se encuentran llevado adelante la ocupación del terreno”.

La petición al juez fue acompañada de un informe de actuación, labrado en el territorio, por los responsables de la agencia ATAJO de la villa 21-24.

El documento detalla que el terreno cuenta con una superficie de alrededor de 150 metros cuadrados, sobre el que se asientan alrededor de 60 carpas, uno de cuyos sectores se encuentra inundado y con barro.

Según testimonios recogidos en el lugar, la toma “se produjo tras la muerte de una joven de 15 años de edad, víctima del paso del tren por las viviendas del sector del barrio”, episodio que no sería asilado, ya que las personas entrevistadas refieren otros incidentes similares ocasionados a raíz de la cercanía de las vías con las viviendas.

El relevamiento precisa la falta de medicación e insumos básicos para algunos niños con enfermedades graves que se encuentran junto a sus padres ocupando el terreno, al tiempo que detalla que “personal policial no permite el ingreso de nadie al predio y si alguien sale no vuelve a ingresar”.

Según los testimonios recogidos, “uno de los menores quedó sin poder reencontrarse con su familia ya que al salir del predio, no pudo reingresar. Asimismo este impedimento se extiende a frazadas, mercadería y productos de higiene”.

Por último, la Dirección de Acceso a la Justicia manifestó al juez que “se encuentra a disposición para prestar la colaboración que estime necesaria”.

La ocupación

La ocupación del predio -de unos 300 por 400 metros de diámetro- conocido como “Tierra Amarilla”, ubicado en uno de los costados de la Villa 21-24 de Barracas, cercano del estadio de Huracán, comenzó el último viernes con ingreso de unas 100 familias con precarias carpas, toldos, lonas y tirantes de madera.

A los costados del predio -sin agua potable ni baños- se ubicaron varios móviles con efectivos de infantería de la Policía Federal Argentina (PFA).

Otra de las voceras del movimiento que encabeza la toma detalló a la prensa que el sitio es “un terreno baldío” que no se sabe bien de quién es.

“Solo había barro y basura. No sabemos si estas tierras son de la Ciudad de Buenos Aires o de Nación”, apuntó.

El pedido de la Iglesia

El sacerdote Lorenzo “Toto” De Vedia, cura responsable de la Parroquia de los Milagros de Caacupé, en la Villa 21-24 del barrio de Barracas, pidió este martes la constitución de una “mesa de diálogo entre representantes de los vecinos que tomaron terrenos en ese barrio porteño, junto a los gobiernos nacional y de la ciudad” de Buenos Aires, para buscar una solución a la falta de viviendas en el distrito.

“Creo que tiene que haber una mesa de diálogo entre representantes de la gente que toma terrenos y que está reclamando una vivienda, el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad”, consideró De Vedia, en declaraciones radiales.

En ese sentido, el religioso recordó que “hace mucho tiempo" reclaman que "construcciones que se han hecho muy cerquita de la Villa 21-24 para familias de otro sector social, tendrían que haber sido para los vecinos" de ese lugar, porque allí "es creciente la necesidad de viviendas”.

El Padre “Toto” reclamó que “de ninguna manera tiene que haber desalojo violento" y criticó al Gobierno porteño por no tener "ningún plan integral de urbanización para la villa”.

En ese marco, De Vedia consideró que la reciente muerte de una chica adolescente de 15 años en la Villa 21-24 "arrollada por un tren de carga", es "una muestra de la gran desidia de un Estado que no cuida a los vecinos".

"Si se fueron a vivir al lado de la vía no es porque les guste sino porque vienen de un lugar peor. La toma de terrenos al costado de la villa 21 es la expresión de un Estado que le debe la solución al gran déficit habitacional que hay en la Villa 21-24" de Barracas, dijo.