La organización Defensoría de Laburantes denunció este martes que el Gobierno porteño hace "uso de datos personales en forma indebida” y contrata trabajadoras de forma "precaria" para la campaña electoral de cara a las PASO.

La denuncia se desprende de una presentación de trabajadoras del Call Center GIV S.R.L, quienes señalaron que les ordenaron hacer campaña electoral mediante llamados telefónicos en favor de la campaña de Juntos por el Cambio. Puntualmente, se comunicaban para promocionar las candidaturas de María Eugenia Vidal en CABA y Diego Santilli en la Provincia de Buenos Aires.

Su tarea era comunicarse con una serie de personas registradas en listados para invitarlas a “tomar un café” con los candidatos señalados. En caso de ser consultadas por el origen del contacto, debían asegurar ser “militantes voluntarias” e, incluso, se presentarse como miembros del equipo del partido.

En la denuncia se asegura que los datos recolectados durante estos llamados fueron provistos por organismos estatales mediante la línea 147, un servicio público “al cual se llama para hacer reclamos por servicios, consultas o hasta para anotarse en la campaña de vacunación”.

Un informe publicado por la Defensoría el pasado 23 de marzo remarca que el Gobierno porteño anunció la ampliación del “Centro de Contacto Omnicanal Personalizado a los ciudadanos a través de BA 147”.

El mismo detalla: “A la empresa GIV, sin nueva licitación, el GCBA (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) le incrementó el objeto de su contrato en aproximadamente 2.400 por ciento por un monto cercano a los 750 millones de pesos. Esta modificación contractual es posible por los superpoderes que otorgó la Legislatura a Rodríguez Larreta y que jamás tuvo otro Jefe de Gobierno en democracia”.

Asimismo, el comunicado de este martes explica que, además de la precarización y los vínculos comerciales ilegítimos entre el GCBA y empresas privadas, “el agravante en este caso es el financiamiento público de estas empresas y el uso ilegal de datos privados”.

Por último, en el documento se señala que “los insultos y los maltratos eran constantes” para con las trabajadoras así como también existían restricciones hasta para ir al baño: “se medía con cronómetro cuánto tiempo estabas”, afirma.

Tampoco se cumplieron los protocolos para la prevención de contagios de coronavirus, ya que en el espacio de trabajo había más de 70 empleadas sin elementos de higiene apropiados, sin distanciamiento y con poca ventilación, además de contar un solo baño habilitado.