La Cámara Federal ordenó reabrir la causa por la vacunación irregular en el Ministerio de Salud e investigar, penalmente todos los que recibieron los inmunizantes tanto en la sede de la cartera como en le Hospital Posadas para determinar cómo y por qué accedieron a las dosis de forma anticipada.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens hicieron lugar al planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y dispusieron que la jueza María Eugenia Capuchetti debe profundizar sobre la responsabilidad de los funcionarios a cargo. Además, ordenaron investigar las dosis que fueron destinadas a la ciudad santacruceña de El Calafate.

Según publicó Infobae, el fallo considera necesario “indagar -siguiendo el esquema que la causa trazó tras la decisión aquí revisada- qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular” ya que la prioridad de mayores de 60, personal estratégico y personal de salud "no era simultánea" y el Estado debía administrar las vacunas como "bien escaso".

Los camaristas aseguraron que se "desconoce, además, en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al sólo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales”.

Ahora, la asociación civil Bases Republicanas, que lidera una ex funcionaria macrista Jimena De La Torre será querellante en la causa. “Corresponde revocar la resolución apelada y tener como parte querellante a la organización Bases Republicanas; ello sin perjuicio de que con el avance del proceso se fije un marco fáctico distinto y concreto, que desvanezca los requisitos exigidos por la norma citada y, en consecuencia, la calidad de parte acusadora otorgada”, aseguraron los camaristas.

La responsabilidad de los funcionarios

Además de González García; continúan imputados el ex jefe de gabinete del Ministerio Lisandro Bonelli; su secretario privado, Marcelo Cullé y el secretario de la cartera, Alejandro Collia.

En julio, Capuchetti resolvió que los vacunados que en ese momento no estaban encuadrados en grupos prioritarios no cometieron delito y ordenó profundizar la investigación para saber qué responsabilidad penal pesa sobre el ex ministro de Salud Ginés González García, que sigue imputado.

La jueza entendió que en el Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación” aunque sí pueden ser sometidos a la Ley de Ética Pública.

En ese momento, aseguró que resultaba "claro, conciso y evidente de que las personas vacunadas se encontraban dentro del grupo considerado como prioritario por la Resolución 2883/20 que expresamente establecía la posibilidad de avanzar simultáneamente entre las diferentes etapas tal como lo recomendaban los especialistas”.

La causa

El 19 de febrero de 2021 se conoció que personas del arco político y allegados a funcionarios habían recibido la vacuna contra el coronavirus de forma anticipada cuando aún se priorizaba al personal de salud para la campaña de inmunización. En ese contexto, se abrió una investigación penal para esclarecer si “personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos y el esquema de etapas previamente establecidos” fueron inoculadas en el Posadas, en el ministerio de Salud e incluso en sus domicilios particulares.

Entre la lista de nombres estaban el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda "Chiche" Duhalde, el ex vicepresidente y embajador en Brasil, Daniel Scioli; el Representante por el Cono Sur en el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, el empresario marplatense, Florencio Aldrey Iglesias; entre otros 70 nombres.