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Tierra del Fuego: denuncian obstáculos para acceder al aborto legal en los hospitales

El único centro de salud que realiza la interrupción voluntaria del embarazo sin barreras, tal como dice la ley, es el Hospital de Ushuaia.


Tierra del Fuego: denuncian obstáculos para acceder al aborto legal en los hospitales

El 30 de diciembre de 2020 se aprobó la Ley 27.610 que habilita el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país. Sin embargo, en la ciudad fueguina de Río Grande, la organización Amnistía Internacional denunció que en reiteradas ocasiones registraron la puesta de obstáculos para personas que acudieron solicitando el procedimiento, que ya se reconoce como una cuestión de salud pública.

Según denunciaron desde AI, el Hospital Regional de Río Grande es el más importante de la ciudad, aunque deriva constantemente los casos hacia consultorios privados o de atención primaria.

Las pacientes que requieren internación deben trasladarse hasta el Hospital de Ushuaia, a más de 200 kilómetros de la ciudad más poblada de la provincia, ya que es el único nosocomio que realiza la interrupción tal como imparte la ley.

En muchos casos se trata de Objeción de Conciencia, pero la negación para realizar la intervención también está relacionada a la falta de capacitación y de disponibilidad de elementos en materia de salud sexual y reproductiva, según informa la demanda. Además, señalan que la situación se repite en gran cantidad de centros de salud que se encuentran alejados de los centros urbanos.

“La Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo viene a dar respuesta a un problema de salud pública. La persistencia de barreras demuestra que para que aquella conquista sea una realidad es prioritario y urgente la adopción de políticas que garanticen la accesibilidad de la prestación en todos los rincones del país” señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Asimismo, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que acompaña situaciones de interrupción, también se denunció la repetida negativa recibida en los hospitales y los sucesivos intentos por parte de la Justicia para dar lugar a “medidas cautelares” que avalarían la suspensión de la aplicación de la Ley 27.610.

Este martes, Amnistía volvió a exigir el acceso a información pública al respecto con la que deberían contar todos los ministerios de Salud del país.

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