Este lunes las comisiones de Planeamiento Urbano y la de Presupuesto de la Legislatura porteña firmaron un dictamen favorable con acompañamiento del oficialismo para hacer lugar al convenio urbanístico entre el Gobierno de la Ciudad y el grupo IRSA que habilita la construcción de torres de 145 metros en la Costanera Sur, por lo que el tema será tratado en la sesión del 5 de agosto, pese al rechazo de la oposición y de un anterior amparo de la Justicia.

El sábado, la justicia porteña había dado lugar al amparo presentado por organizaciones sociales y ambientalistas para frenar el debate, al considerar que no cumplió con los procesos previstos para este tipo de proyectos que incluyen la presentación de un estudio de impacto ambiental.

En el fallo, el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, Guillermo Scheibler, ordena al Gobierno de la Ciudad "suspender precautelarmente el trámite" del proyecto en análisis en la Legislatura.

Según consigno Scheibler, el fallo estaría vigente "hasta tanto el Poder Ejecutivo acompañe las actuaciones administrativas que den cuenta del cumplimiento de las previsiones de la ley 123 respecto del convenio urbanístico", entre ellas, la Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública Obligatoria.

Es que, según esa ley, se debe elaborar un estudio técnico de impacto con su respectiva audiencia pública en los emprendimientos de "relevante efecto ambiental".

La ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, donde IRSA pretende levantar el barrio de lujo, se encuentra ubicada frente a la Reserva Ecológica Costanera Sur, zona de humedales incluida en el listado de sitios protegidos por la Convención Internacional Ramsar de protección de humedales.

De allí las consideraciones del juez Scheibler sobre el impacto ambiental de la construcción que se buscar realizar.

Sin embargo, en las últimas horas el juez Martín Miguel Converset dio marcha atrás con la medida y estableció que “nada impide la celebración de la segunda reunión conjunta” entre ambas Comisiones para llevar adelante el debate del proyecto.

El mayor punto de conflicto estuvo en este punto, dado a que en ninguno de los dos fallos la Legislatura porteña fue informada al respecto de cómo debía proceder.

El acuerdo entre el Gobierno porteño y la empresa, dueña de las tierras ribereñas, prevé el cambio de normas urbanas para habilitar la construcción de torres de hasta 145 pisos, en tanto que, a modo de contraprestación, IRSA cederá a la Ciudad el dominio de 47 de las 71 hectáreas del total del predio.