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La Justicia investigará los sobreprecios en los jardines de infantes que Macri pagó pero no se construyeron

El juez Ariel Lijo reabrió la causa penal sobre irregularidades en la construcción de jardines de infantes durante el gobierno de Macri después de una presentación de la Oficina Anticorrupción.


La Justicia investigará los sobreprecios en los jardines de infantes que Macri pagó pero no se construyeron

Luego de la denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA) a principios de mayo a exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Macri por pagar 93 jardines de infantes que nunca se terminaron, el juez federal Ariel Lijo reabrió la causa penal sobre irregularidades en la construcción. La causa tomó impulso tras una presentación de la OA, a cargo de Félix Crous, donde se encontraron sobradas pruebas de que se pagaron 62 millones de dólares por la construcción de 93 jardines que nunca fueron terminados, el juez Lijo abrió la causa penal donde está implicado el gobierno de Macri. El organismo, en base a una presentación del Ministerio de Educación, constató que se pagaron sobreprecios del doble del valor de mercado por metro cuadrado, y que pese a que las obras fueron visiblemente abandonadas durante la gestión de Cambiemos, no se cobraron multas.

Las claves del caso

  • Según publicó Página/12, la historia comenzó en 2016, cuando Macri anunció el Plan Nacional 3000 jardines, que preveía la construcción de establecimientos con salas para niños y niñas de 3 a 5 años. Eso iba a garantizar la educación para 700 mil estudiantes.
  • Sin embargo, de los 3.000 sólo se licitaron 292, y de ese número, 93 de las obras quedaron a mitad de camino y luego abandonadas, pero se habían pagado.
  • Además, se determinó que nadie controlaba los plazos de obras, que debían ser de 150 a 180 días. A pesar de que se presentaron documentos y fotografías que graficaban la irregularidad, la Justicia nunca avanzó y archivó las pruebas.

La investigación

De acuerdo a la investigación, tampoco se hicieron gestiones para recuperar el dinero y cuando las empresas que habían sido contratadas entraron más tarde en convocatoria de acreedores el Estado tampoco se presentó a reclamar el dinero adeudado. El fiscal Ramiro González presentó la semana pasada un dictamen donde plantea un nuevo impulso a la investigación y dispuso nuevas medidas de prueba. El director de la OA, Crous, explicó que se trata de la tercera denuncia vinculada al tema: la primera la hizo Margarita Stolbizer años atrás e igual que las otras dos fue "archivada de manera automática". Las causas anteriores habían recaído también en el juez federal Ariel Lijo, pero no fueron investigadas.

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