Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, ex asesor judicial de Mauricio Macri, fue llamado a indagatoria por la jueza federal María Servini, en el marco de una causa que investiga la existencia de una mesa judicial durante el gobierno de Cambiemos que presionaba a jueces y fiscales para obtener fallos a medida. Esta semana pidió asilo político en Uruguay. Conocido como el “cerebro jurídico" de Cambiemos, "Pepín" Rodríguez Simón pidió quedarse en Uruguay bajo la figura de "refugiado político", luego de que la jueza Servini le prohibiera a fines de marzo la salida del país,. Rodríguez Simón es actualmente diputado del Parlasur y vive desde diciembre en Uruguay, a donde pretende quedarse para eludir a la justicia en la causa que lo investiga por una presunta asociación ilícita. El exasesor de Macri está citado a indagatoria para el 17 de junio. Por ahora está imputado como uno de los integrantes de la llamada “mesa judicial” de Cambiemos y por formar parte de una asociación ilícita armada con el objetivo de perseguir empresarios de medios de comunicación para que modifiquen su línea editorial en favor del expresidente. Llamado el “cerebro jurídico” de Cambiemos, “Pepín” está acusado de haber presionado a los accionistas del Grupo Indalo, Fabián de Sousa y Cristóbal López, para forzar el desprendimiento de sus empresas Radio 10 y C5N.

Su rol en el gobierno de Mauricio Macri

El actual diputado del Parlasur por Cambiemos, fue uno de los directores de YPF durante la gestión de Macri y tuvo un rol fundamental en la defensa del Grupo Clarín en la disputa por la Ley de Medios. En la causa donde está imputado se investigan acciones de hostigamiento y ahogo financiero dirigidas al Grupo Indalo desde 2015. Esas presiones fueron denunciadas por sus dueños, quienes fueron encarcelados precisamente durante el gobierno de Macri. "Pepín" está señalado como quien les anunció, en medio de un reclamo sobre el negocio del juego, que si no cedían ante las presiones, "la guerra del gobierno" contra ellos "había comenzado".  Se investigan también, la quita de la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas, la exigencia para transferir empresas a otro grupo empresario, y disposiciones de la AFIP tendientes a causar un perjuicio al grupo, como la prohibición para Oil Combustibles de acogerse a una moratoria.