En el estado de Carolina del Sur no ha ejecutado a ninguno de los 37 hombres que esperan su turno en el corredor de la muerte desde hace una década, ya que hay faltantes de un fármaco para la inyección letal.

En este territorito del Sur de los Estados Unidos la legislación le permite a los condenados elegir entre la inyección letal y la silla eléctrica, pero los reclusos se decantaban por la primera opción y así postergaban su destino final.

Hasta el pasado viernes, cuando el gobernador republicano, Henry McMaster, cumplió con lo que prometió: firmar “en cuanto llegara a su escritorio” el proyecto de ley que una semana antes había aprobado la Cámara -bajo control republicano (66-43)- en el que se establece que si no hay existencias de los fármacos necesarios, el preso deberá ser ejecutado con la silla eléctrica sin más dilación, informó El País.

La normativa, que también se votó en el Senado, establece otra opción para el condenado, además de la silla eléctrica: morir frente a un pelotón de fusilamiento. Esta ley convierte a Carolina del Sur en el cuarto Estado de la Unión en incluir el fusilamiento como alternativa, después de Misisipi, Oklahoma y Utah.

Por un lado, los que se oponen a la pena de muerte califican al pelotón de fusilamiento como una "práctica medieval", mientras que los que defienden la ley, consideran que poder ejecutar a los condenados por sus crímenes logra que las familias de las víctimas puedan cerrar capítulo.

“Estamos un paso más cerca de brindarles a las familias y seres queridos de las víctimas la justicia y el cierre que les debe la ley. Firmaré esta legislación tan pronto como llegue a mi escritorio”, dijo el Gobernador de Carolina del Sur a través de un comunicado.

“Es 2021. Deberíamos dejar atrás estas formas bárbaras de castigo que son más medievales que modernas. Nuestro Estado ha dado un paso atrás y me avergüenzo”, dijo el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Todd Rutherford, en un comunicado después de que el proyecto de ley pasara la votación en la Cámara de Representantes.

El problema no es nuevo y se arrastra ya desde hace más de una década, cuando en el otoño de 2010 los centros penitenciarios se quedaron sin pentotal sódico, el anestésico que se usaba en las penas capitales para dormir al reo antes de inyectarle en vena las otras dos sustancias que acaban con su vida. Entonces, Hospira, el único laboratorio farmacéutico que fabricaba el pentotal sódico en Estados Unidos, anunció que tenía problemas para cumplir con la demanda.