La Oficina Anticorrupción denunció que el gobierno de Mauricio Macri pagó por 93 jardines de infantes que nunca se terminaron. La OA reclamó que el exministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, nunca le reclamó a las empresas los 62 millones de dólares de resarcimiento por incumplir el contrato.

Según la denuncia, el gobierno de Macri pagó 704.975.760 pesos por la construcción de 93 jardines de infantes en distintas provincias que nunca fueron terminados. El actual Ministerio de Educación detectó también sobreprecios: se llegaron a pagar 1.498 dólares el metro cuadrado, el doble que el valor de mercado.

La denuncia, además, incluye que la mayor parte de los proyectos fueron adjudicados a una misma Unión Transitoria de Empresas (UTE) que había sido objetada por un área técnica especializada antes de concretar la contratación. 

Se trata de cuatro licitaciones que fueron adjudicadas a una misma UTE que está integrada por Escarabajal Ingeniería SRL y Bahía Blanca Viviendas SRL.

El director de la OA, Félix Crous, explicó que se trata de la tercera denuncia vinculada al tema. La primera la hizo Margarita Stolbizer y que fueron "archivadas de manera automática". Las causas anteriores habían recaído en el juez federal Ariel Lijo, pero no fue investigada.

La auditoría que reveló los sobreprecios

Luego de una auditoria del ministerio de Educación sobre el plan de construcción de jardines, la cartera que conduce Nicolás Trotta comunicó las irregularidades a la OA y abarca los casos de las primeras denuncias. "Le pedimos al juez Lijo que esta vez investigue y me parece que ya no tienen razones para no hacerlo", indicó Crous.

"Había un evidente sobreprecio de la construcción. La elección de las empresas según el análisis del propio ministerio de Educación es que no tenían capacidad de asumir el compromiso de obra que asumieron", explicó.

Además, se refirió a la poca "seriedad" de las empresas "Hubo desatención en el cuidado de las obras, luego las empresas entran en quiebra lo que perjudica el interés del estado". 

"Esto exhibe un panorama donde parece una administración infiel por parte de los funcionarios y una estafa a la administración publica por parte de los privados", sentenció y detalló que según la investigación que realizó la OA, "tenemos algún indicio entre la fuerza política que gobernaba y alguno de los integrantes de estas empresas. Estas cosas no suceden por casualidad".