La Procuración del Tesoro de la Nación presentó ante la Corte Suprema los argumentos que llevaron al presidente Alberto Fernández a firmar el Decreto en el que se dispuso la suspensión de la presencialidad en las escuelas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por un período de 15 días, hasta el viernes 30 de abril.

El Gobierno argumenta en la presentación que en el AMBA se dan actualmente más del 50 por ciento de los nuevos casos de coronavirus.

También se detalla que el ritmo de contagio es superior al que se venía experimentando y mayor al que se registra en otras áreas de alto riesgo epidemiológico en el país.

"El Gobierno Federal comparte el criterio de que la suspensión de la presencialidad en las aulas debe llevarse adelante por el menor tiempo posible, pero en este contexto actual, es deber del Estado abordar medidas de tal carácter, en la protección de la vida y la salud pública", se argumenta en el documento presentado por la Procuración, a cargo de Carlos Zannini. En la presentación, el Gobierno hizo hincapié además en la incidencia de la presencialidad en el transporte público y cita casos como España y Estados Unidos donde las escuelas no permanecieron abiertas "en los momentos de mayor contagio". Por último, el escrito sostiene que "es innegable el crecimiento exponencial de los contagios" en nuestro país en "desde fines de abril" lo que se traduce en un "panorama inquietante con riesgo de saturación del sistema de salud y de aumento de la mortalidad" lo que "justificó las medidas urgentes" tomadas por las autoridades nacionales.