En el escrito presentado ante la justicia, Bullrich manifiesta que los mencionados decretos de necesidad y urgencia “vulneran groseramente derechos expresamente previstos en la Ley Suprema de la Nación y pactos internacionales, y resultan violatorios de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires”.
Además, advierte que que “el Poder Ejecutivo decidió inmiscuirse en materias no delegadas por las diversas jurisdicciones al Gobierno Federal, en contra de lo que establece el art. 121 de la Constitución”.
En la presentación Bullrich también considero que los DNU fueron dictados por Alberto Fernández por “fuera de los casos que la propia Constitución autoriza”, lo que según la exministra de Seguridad macrista atenta contra la división de poderes.
Además, solicitó el dictado de una medida cautelar que suspenda los efectos de ambos decretos, hasta que se resuelva el fondo del juicio.
La pandemia judicializada
El planteo de Patricia Bullrich surge en medio de la batalla judicial entre el gobierno nacional y el porteño por las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. El viernes pasado Horacio Rodríguez Larreta presentó un amparo ante la Corte Suprema para rechazar la suspensión de la presencialidad, que todavía no fue resuelto.
Sin embargo, el domingo una sala en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad sin autoridad para definir si un DNU es válido o no le dio la razón al gobierno porteño y autorizó las clases presenciales, lo que fue celebrado como una victoria por el Ejecutivo porteño.
De todos modos, ayer, un juez federal en lo Contencioso Administrativo dejó sin efecto ese fallo y resolvió suspender las clases presenciales, aunque la Ciudad no acató y mantuvo abiertas las escuelas.
