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A 45 años del inicio de la dictadura, hay más de 1.000 condenados por delitos de lesa humanidad y 626 causas abiertas

Desde la reapertura de los juicios, un total de 3490 personas fueron investigadas. El 25 por ciento están privadas de la libertad; en su mayor parte, en arresto domiciliario


A 45 años del inicio de la dictadura, hay más de 1.000 condenados por delitos de lesa humanidad y 626 causas abiertas

Este 24 de marzo se conmemora un nuevo aniversario del golpe cívico-eclesiástico-militar ocurrido en 1976. Desde entonces, la búsqueda de justicia por parte de sobrevivientes, familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y de organismos derechos humanos no cesó.

El 22 de abril de 1985 se realizaba la primera audiencia del juicio a las Juntas Militares y llegaba, por primera vez, la tan esperada justicia a los los integrantes de las tres juntas militares que ocuparon el poder por siete años. Antes, el presidente Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) para investigar los atroces hechos cometidos.

Luego llegarían las tristementes conocidas “leyes de la impunidad”: las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos presidenciales a civiles y militares significarían un freno a los procesos penales iniciados contra los responsables del terrorismo de Estado.

Sin embargo, la sociedad no se quedaría paralizada ante la inacción estatal: los años 90 también marcaron el inicio de los escraches a los genocidas que estaban libres, una nueva forma de visibilización y condena social impulsada por la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S) ante la falta de procesos judiciales.

Tras años de impunidad, el cambio de siglo traería también un cambio en las políticas de búsqueda de Verdad, Memoria y Justicia. Las leyes de impunidad serían anuladas en el año 2003 y darían paso a la reanudación de los juicios por crímenes de lesa humanidad, además de un fuerte impulso en la búsqueda de los niños y niñas apropiados durante la dictadura y las políticas de Estado para la recuperación de los espacios de memoria.

Los números de los juicios

Desde la reapertura de los juicios, un total de 3490 personas fueron investigadas. El 25 por ciento están privadas de la libertad; en su mayor parte, en arresto domiciliario. Hay 21 juicios en curso y otros 73 aguardan fecha de inicio de debate.

Según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en la actualidad existen 626 causas en todo el país en las que se investigan los delitos del terrorismo de Estado, de las cuales 278 se encuentran en etapa de instrucción y 254 obtuvieron sentencia.

Además, el organismo detalló que entre febrero y marzo de 2021 han iniciado los debates de cinco causas y que en abril se espera el inicio de otra. La marca se acerca en los primeros meses de este año al total de nueve registrado durante el 2020, pandemia mediante.

En esa línea, la Procuraduría indicó que la situación de emergencia sanitaria a causa del coronavirus influyó en la continuidad de los juicios: de los procesos iniciados previo a la cuarentena, doce tuvieron sentencia y diez aún continúan en trámite, mientras que aquellos que lo hicieron con el aislamiento preventivo y obligatorio en curso, once continúan en trámite y uno obtuvo sentencia.

Con los datos estadísticos cerrados al 16 de marzo pasado, los condenados y condenadas por estos crímenes desde 2006 -cuando se celebraron los dos primeros procesos orales y públicos tras la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida- suman 1025, mientras que otras 165 personas resultaron absueltas.

Mientras tanto, hay 618 procesadas, 623 solamente imputadas, otras 104 fueron sobreseídas y hay 169 con falta de mérito, es decir con una situación aún no definida. Tampoco está definida la situación de otras 42 personas indagadas sobre las que aún no hubo resolución de mérito, mientras que suman 29 los prófugos y prófugas. A lo largo del proceso de verdad y justicia fallecieron 715 personas antes de que se dictara sentencia a su respecto.

 

Los números dan cuenta que 3490 personas investigadas por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de las causas. De todas ellas, hay 1661 personas -es decir, un 47% del total- que transitan los procesos en libertad, mientas que 859 -un 25%- se encuentran privadas de su libertad. De todas ellas, 636 cumplen el arresto en su domicilio. Esta modalidad de detención predomina desde 2016.

Por otro lado, la Procuraduría también informó que, en promedio, transcurren cinco años y dos meses desde el requerimiento de elevación a juicio hasta el último fallo de la Corte Suprema para que una sentencia quede firme.

En todos estos años, la justicia llegó también en forma de reparación para aquellos niños y niñas -y sus abuelas- que recuperaron su identidad. Hasta el 2019, fueron 130 los nietos y nietas recuperadas desde 1977.

Las distintas agrupaciones que integran la Red por el Derecho a la Identidad -que funciona actualmente en 40 cuidades- mantienen activa la búsqueda de al menos 300 personas nacidas durante los años de la dictadura y reciben a diario consultas de todo el país.

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