La vicepresidenta del PRO en San Juan, Gimena Martinazzo pasó por Las últimas noticias y contó detalles del hostigamiento que sufre a merced de su expareja, Eduardo Cáceres, legislador también de Juntos por el Cambio.

La funcionaria recordó que el hostigamiento de Cáceres comenzó en 2018, cuando estaba en la función pública y, aunque su relación de pareja culminó el 25 de noviembre de 2020, la violencia siguió hasta escalar en lo físico.

Martinazzo indicó que su expareja sigue estando en su banca del PRO en San Juan y utiliza su cargo para ejercer poder, al mismo tiempo que promueve un proyecto sobre las falsas denuncias de género.

"Es el colmo del cinismo", subrayó la vicepresidenta del PRO en San Juan.

También informó que por seguridad, tiene protección privada las 24 porque es viuda y tiene que proteger también a sus tres hijos.

"No podemos tener un representantes de los argentinos y los sanjuaninos sentado en una banca utilizándola en su beneficio", enfatizó Martinazzo.

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Piden la suspensión al cargo de Eduardo Cáceres

En este contexto, diputadas nacionales del Frente de Todos pidieron este miércoles la suspensión de su colega del PRO Eduardo Cáceres, quien está procesado por la justicia de San Juan por violencia de género, luego de la denuncia de Martinazzo.

La solicitud está plasmada en un proyecto de resolución redactado por Graciela Caselles y firmado también por sus pares de bloque Jimena López, Mónica Macha, Mara Brawer, Carolina Moisés, Liliana Schwindt, Verónica Cáliva, Liliana Yambrun y Carolina Yutrovic.

También rubricaron el pedido Patricia Mounier, Estela Beatriz Hernández, Melina Delú, María Graciela Parola, Alcira Figueroa y Victoria Rosso.

Las legisladoras oficialistas pidieron que se suspenda a Cáceres (procesado sin prisión preventiva desde el pasado 16 de diciembre), aunque para aprobar esta medida debe haber un amplio respaldo, pues se debe votar con el aval de los dos tercios de los legisladores.

Además solicitaron que se conforme una comisión especial para investigar y en el plazo máximo de 60 días proponga la medida que el caso demande.