La Argentina comenzó el año con una crisis económica heredada del Gobierno de Cambiemos y tres meses más tarde la pandemia de coronavirus golpeó a las economías de todo el mundo. Cuáles fueron las medidas fundamentales desplegadas este año para contener la situación social. 

Entre las medidas económicas que se destacan están la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia de emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), el congelamiento de tarifas, los aumentos a los jubilados, la tarjeta alimentaria y el impuesto a la riqueza.

Reestructuración de la deuda

El ministro de economía, Martín Guzman, logró despejar el horizonte financiero de la deuda pública durante 2020, al cerrar con éxito una restauración que consistió en canjear los pasivos emitidos en dólares bajo legislación internacional en poder de tenedores privados, por un monto superior a US$ 100.000 millones, que logró reducir una parte de capital adeudado y extender vencimientos hasta 2046, que recién comenzarán a pagarse a partir del mediados del 2024.  También reconvirtió una porción importante de deuda existente en dólares a pesos, y comenzó las negociaciones para reprogramar vencimientos por otros 44.000 millones de dólares con el FMI, como parte de un plan de sostenibilidad, que aún tiene varias aristas por resolver en 2021.

IFE y ATP 

Con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario nacional, el Gobierno dispuso el 19 de marzo el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) e implementó programas de asistencia económica para los numerosos sectores que tenían vedada su actividad, a través de los ATP y el IFE, que llegó a casi nueve millones de personas. A lo largo de toda la pandemia, el Gobierno asistió a través del ATP a 350.000 empresas para pagarles la mitad del salario a tres millones de trabajadores.  El IFE de 10 mil pesos se llegó a pagar a 8,9 millones de beneficiarios y evitó que 2,8 millones de personas cayeran en la pobreza y 1,4 millones en la indigencia.

Aporte solidario de las grandes fortunas

El 4 de diciembre el Senado aprobó el proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de Grandes Fortunas. La nueva ley alcanzará a unas 12 mil personas con patrimonios declarados por más de 200 millones de pesos y busca paliar los efectos económicos de la pandemia de coronavirus. La ley prevé el destino de los fondos: un 20 por ciento será destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, otro 20 por ciento irá como subsidios a pymes, un 20 por ciento será destinado al programa Progresar; y un 15 por ciento al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). El 25 por ciento restante irá a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación vinculados a la exploración, desarrollo y producción de gas natural.

Tarjeta Alimentar

En diciembre del 2019 el Ministerio de Desarrollo Social presentó el programa de la Tarjeta Alimentaria que entrega cada mes entre 4 mil y 6 mil pesos que sólo pueden utilizarse para comprar alimentos de la canasta básica, con la excepción de bebidas alcohólicas.   La Tarjeta Alimentar está destinada a madres y padres con hijos o hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). El programa también incluye a embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo y a personas con discapacidad que reciben la AUH. Este consiste un monto de 4 mil pesos para quienes tienen un hijo y de 6 mil para quienes tengan dos o más. Durante el primer año de gestión, el gobierno destinó –a través del Ministerio de Desarrollo Social- 121.602 millones de pesos para sostener y ampliar la Tarjeta Alimentar y los programas de módulos alimentarios, asistencia a comedores y merenderos y comedores escolares y Pro Huerta, entre otros.

Congelamiento de tarifas

En el marco de la pandemia el Gobierno decidió el congelamiento en las tarifas de energía eléctrica y gas natural. El congelamiento comenzó en junio y se extenderá hasta marzo del 2021. Las tarifas de luz mantienen sus valores desde marzo de 2019, y las de gas, desde abril del año pasado. 

Movilidad jubilatoria 

Sobre el cierre del 2020, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de movilidad jubilatoria que establece que los haberes de los trabajadores pasivos se ajustarán con una fórmula que combina un 50 por ciento de la recaudación de la Anses y otro 50 por ciento de la variación salarial. El proyecto propone incrementos trimestrales para unos 18 millones de personas, entre jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH, asignaciones familiares, pensiones no contributivas, y pensión al adulto mayor. De acuerdo con ese nuevo mecanismo, el índice que se aplicará combinará el 50 por ciento de los aumentos de salarios contemplados en base a la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), y otro 50 por ciento el incremento de la recaudación que obtenga la Anses. El principal argumento del oficialismo es que la nueva fórmula, que actualiza por la evolución de los salarios y la recaudación de la Anses, las jubilaciones, pensiones y asignaciones ganarán poder adquisitivo al superar la inflación.