Tras un largo debate, el Senado aprobó por 38 votos a favor, 29 en contra,  una abstención y cuatro ausentes el proyecto de legalización del aborto enviado al Congreso por Alberto Fernández a mediados de noviembre. La interrupción voluntaria del embarazo estará autorizada hasta las 14 semanas de gestación y la práctica médica se deberá realizar con un plazo máximo de diez días después de ser solicitada. De este modo, la Argentina es el sexto país de América Latina en aprobar una iniciativa de estas características. El proyecto fue aprobado por nueve votos de diferencia, tras un intenso debate que comenzó pasadas las 16 y se extendió hasta pasadas las cuatro de la madrugada. El poroteo previo al inicio de la sesión indicaba una leve ventaja “verde” a favor del proyecto que fue enviado al Congreso por el Presidente el 17 de noviembre y tuvo un debate exprés tanto en Diputados como en la Cámara Alta.  Con el correr de las horas, la iniciativa sumó más adhesiones tras el anuncio de que el Poder Ejecutivo incluirá una leve modificación en el decreto de la reglamentación para quitar el uso de la frase "salud integral" al referirse a los abortos legales que se realicen luego de las 14 semanas de gestación. Durante toda la jornada hubo una extensa vigilia en inmediaciones del Congreso de sectores que exigían la legalización del aborto y organizaciones provida que rechazaron el proyecto. Con un vallado policial y un operativo de seguridad desplegado por la Policía desde el lunes, a ambos lados de la Plaza del Congreso siguieron el debate a través de pantallas gigantes. Los cuatro ausentes fueron José Alperovich - de licencia mientras avanza la investigación por abuso sexual en su contra impulsada por su sobirna -, Carlos Menem, quien se encuentra internado en terapia intensiva desde hace dos semanas, y los senadores Adolfo Rodríguez Saá y Clara Vega. Los cuatro estaban en contra del proyecto de legalización del aborto, lo que permitió ampliar la diferencia a favor de la iniciativa.

EL PROYECTO

El proyecto autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación y se deberá respetar un plazo máximo de hasta diez días para llevar a cabo la práctica una vez que sea solicitada, tanto en el sistema de salud público como en el privado. En ambos casos será gratuita y libre. El plazo fue un punto clave del debate, y si bien se especuló con reducir a cinco los días, finalmente eso no ocurrió. El texto aprobado por el Senado no incluyó ninguna modificación más allá de las implementadas durante el debate en Diputados, donde la iniciativa obtuvo media sanción a inicios de diciembre, con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones.  En aquella ocasión se definió ampliar el espectro de la “objeción de conciencia”, que de acuerdo al proyecto original autorizaba a los profesionales de la salud a ser objetores pero no a las instituciones médicas, y tras una modificación se incluyó a los efectores del subsector privado. En esos casos, los profesionales deberán derivar “de buena fe” a las pacientes para que puedan acceder al derecho. “En todos los casos se debe garantizar la realización de las prácticas”, y se indica que “las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación”. 

MENORES DE 16 AÑOS

En el caso de las personas gestantes menores de 16 años que requieran un aborto, el texto original establecía que contaban con “aptitud y madurez suficiente” para decidir.  La modificación incorporada durante el debate en Diputados definió que “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales y puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico”, y precisa que “en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales puede intervenir con asistencia letrada”. 

UN NUEVO DERECHO EN LA REGIÓN

Con la legalización del aborto en la Argentina, el país se suma a un reducido listado de Estados que en la región ya legalizaron el aborto hace años, como es el caso de Uruguay, donde rige desde 2012. Otros sitios donde está legalizado desde hace tiempo son Cuba, Guayana, Guayana Francesa y Puerto Rico.