El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó al extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, y a otros nueve responsables de la central de espionaje, como presuntos autores de "acciones de inteligencia prohibidas" y "abuso de autoridad", por el espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires.
En el fallo de 979 carillas, Ramos Padilla concluyó que "existía una directiva de carácter general" que ordenaba a los agentes de la AFI "realizar inteligencia ilegal emanada de la máxima autoridad del organismo".
Además, según el magistrado hubo "órdenes concretas para investigar ilegalmente a las agrupaciones, movimientos y actividades contrarias a los intereses políticos o electorales de la entonces gestión de Gobierno, que fijaba los parámetros específicos de producción de información que era de interés recopilar".
La decisión se tomó en la llamada causa "Proyecto AMBA" e incluyó embargos de 20 millones de pesos para los dos exfuncionarios, quienes ya habían sido procesados por otros hechos de inteligencia ilegal el 5 de agosto último, en la causa que investiga el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge.
El "Proyecto AMBA" consistió en la instalación de bases operativas de la AFI desplegadas en la provincia de Buenos Aires a partir de 2016, instaladas en el Conurbano bonaerense, en los partidos de La Matanza, Morón, San Martín, Quilmes, Pilar y Ezeiza, a las que luego se anexaron otras tres ubicadas en Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata.
Según Ramos Padilla, esas bases se utilizaron exclusivamente para realizar espionaje interno de tipo político.
En septiembre pasado, el magistrado había indicado que la organización actuó "de manera organizada y sostenida en el tiempo" para "desarrollar numerosas actividades de inteligencia y espionaje ilegal".
Según el juez, las bases tuvieron el objetivo de "incidir en la situación política, juidicial, los medios de comunicación y la opinión pública en general"; y que en 2017 recopilaron, produjeron, analizaron y distribuyeron información política vinculada a las elecciones legislativas de ese año.
El juez consideró que todos los procesados son autores de los delitos "en virtud de haber obtenido información, producir inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias".
